Bien está que el primer ministro británico y el presidente del Gobierno español hablen directamente para abordar el conflicto desatado a raíz del lanzamiento de bloques de hormigón por parte de buques gibraltareños sobre aguas jurisdiccionales españolas que dañan los caladeros de nuestros pescadores. Rajoy debería haber sido, sin embargo, quien llamase a Cameron –y no al revés– para denunciar estos hechos que, además de un grave perjuicio económico, constituyen una afrenta contra nuestra soberanía nacional. Desgraciadamente, la falta de reflejos del jefe del Ejecutivo ha facilitado la desfachatez del premier británico de presentar los controles españoles en la Verja como los causantes del conflicto.
Dicho esto, no parece que Cameron haya logrado con esa breve conversación telefónica con Rajoy arrimar mucho el ascua a su sardina, dado que tras la misma ha manifestado que existe el "riesgo real" de que las relaciones con España se deterioren, mientras la reacción de Madrid está siendo, al menos por ahora, la de redoblar los controles en la Verja.
Con todo, si el primer ministro británico toma cartas en el asunto es evidente que el presidente español –y no únicamente la delegada del Gobierno en Andalucía– debería hacer lo propio, so pena de correr el riesgo de que los británicos den la vuelta a la tortilla y presenten el origen del conflicto no en la decisión gibraltareña de sembrar de bloques de hormigón la bahía, sino en la decisión española de extremar los controles de entrada y salida al Peñón.
En este sentido, bien está que el Gobierno español haya aceptado la petición de la Comisión Europea de organizar una misión conjunta para examinar sobre el terreno los controles fronterizos en el paso a Gibraltar y aclarar la polémica por los retrasos "supuestamente excesivos" denunciados por el Gobierno de la colonia británica. Sin embargo, Madrid debería haber exigido también un examen sobre la jurisdicción de las aguas sobre las que las autoridades gibraltareñas han lanzado los bloques de hormigón.
No basta, pues, que el Gobierno se mantenga firme en el control de la Verja –control que no afecta para nada el acuerdo Schengen, puesto que está destinado a la lucha contra el contrabando y otros delitos fiscales–, sino que haga pedagogía política a favor de esa firmeza, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.
Aunque el Gobierno tenga la sartén por el mango, así como la razón y a la inmensa mayoría de la ciudadanía de su parte, el apoyo que las impresentables autoridades gibraltareñas están vergonzosamente recibiendo de la izquierda española es demasiado grande como para que el Ejecutivo de Rajoy guarde silencio. Ese silencio bien puede terminar por corroer su actual y elogiable firmeza.