Los lectores recordarán la infamia perpetrada hace menos de dos años por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al destituir fulminantemente al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, coronel Diego Pérez de los Cobos, por negarse a informarle de las investigaciones que estaban llevando a cabo los agentes a su mando como policía judicial en torno a la temeraria autorización gubernamental de las funestas manifestaciones feministas del 8-M de 2020. Pues bien, algo parecido acaba de perpetrar Josep María Estela –nuevo jefe de los Mozos de Escuadra, en sustitución del tristemente célebre Josep Lluís Trapero– al cesar , en el marco de una pretendida remodelación general del organigrama del cuerpo, a Antoni Rodríguez como jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal y relegarlo a una comisaría de Rubí, localidad del segundo cinturón de Barcelona.
Si el pecado de Pérez de los Cobos fue cumplir su deber y no informar a sus superiores políticos de las antedichas investigaciones, el de Rodríguez ha sido guardar silencio respecto a otras que igualmente le fueron encomendadas por un juez; investigaciones tan espinosas para la Generalidad como la relacionada con el exconsejero de Interior Miquel Buch, por un posible delito de prevaricación y malversación en el nombramiento como asesor del departamento de un sargento que en realidad ejercía de guardaespaldas de Puigdemont en Bélgica; o la que tiene en el foco a la presidenta del Parlamento regional, Laura Borràs, sobre la que pesa la acusación de haber pagado de manera irregular a un colaborador cuando era directora del Instituto de las Letras Catalanas.
Rodríguez llegó a pedir hace meses amparo judicial cuando investigaba a Buch para no ser relevado del caso, según informó La Vanguardia, y no es de extrañar que partidos de la oposición como Ciudadanos o el PSC y varios sindicatos policiales hayan calificado la remodelación de "purga política", que afecta a 31 mandos de la policía autonómica.
El consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, ha negado las acusaciones alegando que tan sospechosa remodelación se debe únicamente al "esfuerzo por feminizar la dirección del cuerpo", argumento absurdo que, además, se contradice con el hecho de que tanto el sustituto de Trapero como el de Rodríguez son varones.
Así las cosas, todo parece apuntar se trata de reforzar el carácter de policía patriótica de los Mozos y asegurar la fidelidad de sus mandos políticos, por ilegales que sean sus corruptelas y sus pretensiones secesionistas. A este respecto, mucho se ha cuestionado desde Madrid la fidelidad de los Mozos al orden constitucional, pero esa objeción pierde sentido cuando el Gabinete Sánchez, con su cómplice renuencia a aplicar el artículo 155 de la Constitución, deja al mando de esa policía regional a quienes se han comprometido públicamente con la ruptura del orden constitucional. Si Cataluña parece una republiqueta bananera es porque lo consiente y encubre el Gobierno central.