La ministra de Igualdad, la fanática ignara Irene Montero, no tiene reparo alguno en calumniar a la Policía acusándola de preguntar a las mujeres que acuden a comisaría a denunciar abusos sexuales si llevaban minifalda en el momento de la agresión, infamia indecente que ha provocado una más que justificada protesta por parte de asociaciones de guardias civiles y policías.
La ministra comunista tampoco parece tener escrúpulo alguno a la hora de secundar la impresentable negativa de PSOE y Podemos a la creación de una comisión de investigación sobre la explotación sexual de menores tuteladas en centros dependientes del Gobierno social-comunista de las Islas Baleares.
Habría que oír a la impresentable Montero, a Pablo Iglesias, a los socialistas y a no pocos medios de comunicación que apenas dan relieve a estos hechos si el Gobierno tremendamente responsable, en lugar de ser social-comunista, estuviera conformado por los partidos del centro-derecha nacional. Pero como no es el caso, la siniestra izquierda encubridora no sólo no pide la dimisión de la consejera balear de Asuntos Sociales, Fina Santiago, sino que se opone, tanto en la Cámara regional como en el Parlamento, a que se cree una comisión de investigación.
La izquierda política balear ha querido maquillar su inicua voluntad de echar tierra sobre el asunto mediante el artero procedimiento de sustituir la comisión de investigación por una amañada comisión de expertos que no hay por dónde coger; de hecho, bien podría descarrilar antes siquiera de ponerse en marcha. Y es que entre los perfiles que se barajan para su composición se cuentan dos miembros del servicio de Menores y Familia del propio Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), la institución foco del escándalo; un profesional procedente de la universidad balear; otro que vendría desde alguna de las entidades que tienen concierto con el IMAS y dos más que se nombrarían a propuesta de los partidos políticos y que, a falta de consenso, serían elegidos en función de las mayorías existentes en el Consell. Es decir, media docena de personas –aparte del coordinador, que ya ha presentado su renuncia– que en su mayoría serían nombradas por los partidos de izquierdas o bien serían juez y parte, al estar relacionadas con el IMAS.
Habrá que esperar a ver en qué queda todo. Lo que ha quedado acreditado por enésima vez es la basurienta catadura de buena parte de la izquierda española, que considera "inhumano" no la falta de vigilancia que posibilitó el abuso sexual de unas menores bajo tutela pública, o la negativa social-comunista a que se depuren responsabilidades, sino el hecho de que la oposición denuncia unos hechos tan graves.