No hay nada polémico en el contrato que vinculaba al hermano de Isabel Díaz Ayuso con la Comunidad de Madrid. Un acuerdo legítimo y sin sombra de duda que está siendo vilmente usado por la dirección nacional del PP para intentar embarrar el terreno de juego en una guerra suicida que está llevando al partido a una situación límite.
A pesar de que lamentablemente hemos vuelto ver cómo el inocente tiene que demostrar su inocencia en lugar de ser los acusadores los que prueben la culpabilidad, el demoledor comunicado hecho público este viernes por la presidenta de la CAM y la comparecencia de dos consejeros no dejan lugar a ninguna suspicacia: el contrato es legal, ni ella ni ningún miembro de su gobierno intervinieron en la contratación, el precio de las mascarillas compradas estaba por debajo del de muchos competidores –lo que en cualquier caso tampoco habría sido relevante dada la desesperada necesidad de material sanitario en aquel momento– y el hermano de Díaz Ayuso no cobró una comisión comercial –lo que por cierto también es perfectamente legítimo–, sino una remuneración por un trabajo.
En resumidas cuentas, ha quedado meridianamente claro lo que ya sabía cualquiera que se hubiese acercado a la cuestión sin un interés espurio: que lo único que ha habido contra Isabel Díaz Ayuso ha sido una campaña de insidias, calumnias y mentiras, lanzadas sin otra intención que destruirla políticamente en una operación vil y, además, especialmente torpe.
Tras más de 24 horas de ominoso silencio, en la mañana de este viernes el propio Pablo Casado ha seguido sembrando dudas sobre su compañera de partido en un ejercicio infame de confusión, acusándola de irregularidades sin ninguna prueba y diciendo además que, como mínimo, el comportamiento de Díaz Ayuso no ha sido "ejemplar".
En el colmo de la hipocresía, mientras señalaba a Ayuso sin nada sólido con lo que hacerlo e intentaba levantar sospechas con cifras que ni siquiera explica de dónde salen, Casado se lamentaba de que a la dirección popular se les está "acusando sin pruebas" del espionaje a la presidenta de Madrid, cuando hay al menos un testimonio, nada más y nada menos que el director de la agencia de detectives, que dice exactamente lo contrario, sin olvidarnos de la dimisión de Ángel Carromero, principal sospechoso de haber realizado la gestión.
Por otro lado, esos argumentos sobre la "ejemplaridad" de Díaz Ayuso que ya blandiera este jueves Teodoro García Egea contrastan con el comportamiento real de la cúpula popular: si desde septiembre tenían dudas o sospechas sobre el comportamiento de Díaz Ayuso ¿cómo es posible que la invitasen a participar en la Convención Nacional organizada a mayor gloria del propio Casado y, más recientemente, en la campaña electoral en Castilla y León? ¿Acaso la ejemplaridad sólo preocupa a la cúpula popular jueves y viernes y no el resto de días de la semana? ¿O quizá es semana sí, semana no?
Tras meses de absurda batalla en los medios y 48 horas de escándalo permanente en todas las portadas han quedado claras tres cosas importantes: que no hay nada que reprochar en el famoso contrato del hermano de Díaz Ayuso, que alguien del PP intentó emplear a una agencia de detectives para espiarla y, quizá lo más importante, que Casado y García Egea han admitido que tenían un documento con información privada y confidencial de un ciudadano y no han sido capaces de explicar cómo es posible que esos datos llegasen a sus manos.
En lugar de ruedas de prensa o entrevistas para seguir lanzando infundios esa es la única explicación que Casado y García Egea deberían dar… antes de dimitir, algo que por el bien del PP, del centro derecha y de España tienen que hacer cuanto antes.