La noticia de la liberación del disidente Leopoldo López –en arresto domiciliario desde julio de 2017, tras ser condenado a 13 años de prisión por el régimen criminal de Nicolás Maduro–, en una operación ordenada por el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, y llevada a cabo por militares leales a este último constituye tanto una espléndida noticia como un serio motivo de preocupación: la determinación del usurpador Maduro de reprimir a sangre y fuego todo intento del pueblo de sacudirse el yugo que le oprime y mata literalmente de hambre no es en modo alguno un farol, como evidencia el ominoso hecho de que militares chavistas hayan abierto fuego y hasta embestido con tanquetas contra manifestantes demócratas.
Dada la extrema gravedad de la situación, se teme que, de no conseguir su objetivo de que el grueso del Ejército se ponga del lado de la democracia, el presidente encargado sea detenido o incluso asesinado por los usurpadores. Es cierto que muchos soldados, como los que han intervenido hoy en la liberación de López, se han pasado al bando democrático, que desde hace años reclama infructuosamente unas elecciones limpias. Pero no deja de ser igualmente cierto que la jerarquía castrense, implicada de hoz y coz en el narcotráfico, se mantiene leal al criminal Maduro, ante la inacción de una comunidad internacional que, si bien ha respaldado mayoritariamente a Guaidó, no acaba de adoptar decisiones enérgicas que den peso específico a sus palabras.
Ante una situación tan dramática como la que vive Venezuela, la comunidad internacional no puede cruzarse de brazos invocando el principio de no injerencia, el de neutralidad o el de respeto a las soberanías nacionales. La chavista es una despiadada dictadura que viola sistemáticamente los derechos humanos, mata de hambre a la población y desestabiliza tremendamente toda la región. Así las cosas, cabe proceder a la invocación de ese "deber de injerencia" que, por motivos humanitarios, reivindicara hace ya cuarenta años el filósofo Jean-François Revel (ante dictaduras espantosas como las de Jean-Bedel Bokassa e Idi Amin Dada). De hecho, quizá bastara el firme compromiso de la comunidad internacional de recurrir a la fuerza en el caso de que Maduro perpetrara un nuevo baño de sangre para que la jerarquía castrense abandonara al criminal y facilitara su derrocamiento, así como la convocatoria de unas elecciones auténticamente libres y democráticas.
Esperar a que sea el pueblo venezolano el que, sólo y desarmado, derroque al dictador es condenarlo irremisiblemente, que es lo que parece desear tanto canalla travestido de abnegado pacifista y lo que sin la menor vergüenza defiende la más repugnante izquierda revolucionaria por cuenta ajena, encarnada en España en sujetos de la calaña del sobrecogedor Juan Carlos Monedero y su semejante Alberto Garzón.