"Los medios de comunicación públicos son una indeseable herencia que el totalitario y colectivista siglo XX nos ha legado", escribíamos allá por febrero de 2002. Y es que una de las constantes en la historia de Libertad Digital ha sido la de exigir a los poderes públicos el cierre o la privatización de sus medios de comunicación, sin excepción alguna y sin tener en cuenta si dan o pierden dinero, que lo pierden siempre; si tienen mucho o poco público; si tienen grandes profesionales o están copados por sindicalistas y colocados a dedo. Su razón de ser ha sido siempre la misma: servir de órganos de propaganda del poder. Y encima a costa del contribuyente.
Hemos tenido que superar los cinco años de crisis, alcanzar casi el 100% de deuda sobre el PIB, subir los impuestos hasta la estratosfera y hasta recortar tímidamente en algunos servicios públicos para que por fin un político se haya decidido a cerrar su juguete. Alberto Fabra no quería hacerlo, hubiera preferido seguir derrochando dinero en Canal 9, aunque algo menos y con una plantilla no tan exageradamente inflada, pero los tribunales se lo han impedido. Eso sí, hay que reconocerle que ha sido el primero que, puesto en la tesitura entre cerrar su televisión o cerrar otras cosas, ha preferido acabar con la primera.
Canal 9 ha sobrevivido 25 años porque los valencianos han pagado por obligación 25 euros anuales para mantenerla. Aun así, ha acumulado una deuda de 235 euros per cápita, que tendrán que pagar durante los próximos años cada jubilado, trabajador, parado y niño residente en la Comunidad Valenciana. Una historia similar puede contarse de todas y cada una de las televisiones públicas, nacionales o autonómicas.
Los defensores de Canal 9, que de todo tiene que haber en esta vida, afirman que el problema ha sido de gestión, y que mejorándola no sería necesario cerrar. Extraña teoría, que tendría algún peso si alguna televisión pública se mantuviera, como las privadas, exclusivamente de la publicidad o, en el caso de los canales de pago, de las suscripciones. Hay muchos, demasiados españoles siempre dispuestos a justificar cualquier gasto público que no esté directamente destinado a sufragar los coches oficiales. Sin decirlo tan claro como cierta exministra de Cultura, razonan bajo la premisa de que el dinero público no es de nadie. Pero las televisiones públicas se pagan con el dinero que nos quitan del sueldo que nos ganamos con nuestro esfuerzo. El dinero debe quedarse en el bolsillo de los contribuyentes mientras no exista una causa de fuerza mayor que justifique lo contrario. Y un órgano dedicado a la propaganda y al clientelismo no lo es de ninguna de las maneras.
La decisión de Fabra marca el camino al resto de dirigentes políticos. Por ahora, sin embargo, sólo Cospedal y González han mostrado alguna intención de recorrerlo. Los socialistas, incapaces casi genéticamente de vivir sin propagandistas a sueldo, no sólo no cierran Canal Sur sino que incluso anuncian, en una amenaza electoral casi sin precedentes, que abrirán otra tele si ganan en Valencia, como ya hicieron hace un cuarto de siglo. Ojalá nunca cumplan esa promesa. Si los socialistas de todos los partidos quieren una televisión a su servicio, que se la paguen de su bolsillo y dejen el nuestro en paz.