La denuncia del diputado opositor venezolano Julio Montoya, según la cual los dirigentes de Podemos, a través del Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), siguen asesorando y cobrando al Gobierno de Nicolás Maduro es una muestra más de la nula credibilidad que ha de concederse a esta formación comunista que dice venir a combatir la corrupción, la pobreza y la falta de democracia. Si hay un régimen corrupto, empobrecedor y liberticida es el que padece Venezuela, régimen al que han servido los dirigentes de Podemos, por mucho que aleguen excusas tan impresentables como las que tratan de desvincular al partido de CEPS y las que pretenden que el asesoramiento terminó el día en que Podemos surgió como formación política.
Respecto a la primera excusa, es obvio que Podemos y CEPS son personas jurídicas distintas; pero utilizar este hecho para asegurar que nada tienen que ver es la peor de las mentiras. Lo cierto es que el presidente del CEPS es el responsable de Economía del Consejo Estatal de Podemos: Alberto Montero Soler, el jefe de Íñigo Errejón, el profesor que otorgó al número dos del partido la bochornosa beca de 1.800 euros mensuales para analizar la vivienda en Andalucía sin moverse de Madrid. El propio Errejón forma parte Consejo Ejecutivo de CEPS, en el que también figuran, según refleja la web de la fundación, Pablo Iglesias y Luis Alegre, portavoz de Podemos, secretario de Participación Interna y, desde hace unos días, líder del partido en Madrid. Alegre es, además, autor de un zafio panegírico de Hugo Chávez por el que Caracas le premió con 150.000 euros, que recibió del mismísimo Nicolás Maduro.
Por otro lado, Carolina Bescansa, secretaria de Análisis Político y Social de la formación comunista, y Juan Carlos Monedero han sido activos colaboradores de CEPS. Recuérdese, respecto a este último, el pago de 425.000 euros que le hizo el Banco del Tesoro de Venezuela, con el que cometió un posible fraude fiscal.
Según se desprende de los documentos aportados por el opositor Montoya, el CEPS desempeñó un papel decisivo en la radicalización del discurso de Nicolás Maduro contra la oposición democrática venezolana en fechas tan recientes como octubre y diciembre de 2014, con lo que queda acreditado que esta bochornosa asesoría continuó produciéndose con posterioridad al nacimiento de Podemos.
La Fiscalía debería tomar cartas en el asunto para averiguar si desde esa fundación sin ánimo de lucro se ha financiado parte de la tramoya y del entramado de Podemos. Haya o no delito, lo que es incuestionable es la negativa de los dirigentes de Podemos a condenar el régimen bolivariano y su consecuente falta de legitimidad a la hora de hablar de democracia, de corrupción o de lucha contra la pobreza. Sus propuestas para España, como la de crear un servicio de inteligencia financiera a las órdenes del Gobierno o la de expropiar las viviendas vacías de los particulares, son más propias de los empobrecedores, corruptos y liberticidas regímenes a los que tan lucrativamente sirven que de una democracia respetuosa con la confidencialidad, las libertades y los derechos de propiedad de los ciudadanos.