El ideólogo del partido de ultraizquierda que ya se ha colocado como tercera fuerza política en las encuestas ha puesto nuevamente de manifiesto el verdadero cariz de Podemos en un tema tan sensible como el terrorismo de ETA. Tal y como relatamos en Libertad Digital, Juan Carlos Monedero impartió en 2013 una charla en un local de Izquierda Unida en la que acusó a la Policía de "distribuir heroína en el País Vasco".
Según Monedero, profesor universitario, las fuerzas de seguridad empezaron a repartir droga "en los lugares donde había una juventud más conflictiva y peleona", razón por la cual la banda terrorista habría empezado a asesinar a traficantes. La afirmación, además de un insulto a los policías que dejaron su vida luchando contra el azote terrorista, es un completo despropósito que no se compadece con la realidad del tráfico de drogas en el País Vasco en los años 80 y 90 del siglo pasado y el papel de la ETA como un competidor más en ese oscuro mundo. Ahora bien, el discurso del promotor de Podemos sirve para poner de manifiesto que las simpatías de esta agrupación de ultraizquierda con el mundo proetarra no responden a hechos aislados que pueden dar lugar a malentendidos, como tratan de aducir sus dirigentes, sino que obedecen a una sintonía de fondo entre dos grupos que comparten una misma filosofía de raigambre marxista-leninista.
Pablo Iglesias, la cara visible de Podemos y uno de sus tres principales promotores, ha dado charlas en herriko tabernas ponderando el papel de la franquicia política de ETA durante la Transición, y sido un contacto de referencia en Madrid de la organización de presos de la banda. Ahora, su socio Monedero aparece defendiendo las tesis exculpatorias de los terroristas en relación con el tráfico de drogas e imputando a la Policía la comisión de graves delitos.
Esa acusación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debería haber suscitado la reacción inmediata del Ministerio del Interior. Sin embargo, ni el ministro ni el director general de la Policía, cuerpo directamente aludido por Monedero, han hecho la menor manifestación pública en defensa de la verdad y la dignidad sus subordinados. Tampoco el fiscal general del Estado ha ordenado el inicio de actuaciones dirigidas a determinar el posible carácter delictivo de las afirmaciones del ideólogo ultraizquierdista. Esta inacción del Gobierno en un asunto de tanta gravedad, coherente por otra parte con su trayectoria, escandaliza tanto como las manifestaciones brutales del dirigente de una fuerza política antisistema cuya efervescencia constituye uno de los peligros más directos a los que habrá de enfrentarse en el futuro inmediato la democracia española.