El escrache que sufrió el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena este fin de semana en un restaurante del Ampurdán a mano de una banda de supremacistas fue un acto repugnante y de una gravedad extraordinaria, que se suma a otros hechos execrables de que ha sido víctima el juez por su defensa de legalidad y del Estado de Derecho. Llarena, su esposa y los amigos con los que acababa de cenar fueron acosados y acorralados por los indeseables, que no dejaban de bramar consignas separatistas y llegaron a golpear el vehículo al que se subió el prohombre para abandonar el lugar.
El chivato que reveló el paradero de Llarena fue el golpista prófugoCarles Puigdemont, que se valió para ello de su cuenta en la red social Twitter, donde, cobarde como es, hizo gustoso de caja de resonancia de una vomitiva cuenta anónima. Como no podía ser menos, el racista Quim Torra se sumó a la cacería dando voz a la mentira goebbelsiana de que quienes cenaron con Llarena eran agentes del CNI.
El acoso criminal y criminógeno al juez Llarena no es un hecho aislado, sino que responde a la aberrante estrategia de exacerbación de la tensión en Cataluña que anda perpetrando la canalla separatista con indignante impunidad. El objetivo es claro: instaurar en el Principado una dictadura del miedo como la que permitió a ETA enseñorearse del País Vasco durante tanto tiempo. Para que el disidente se marche o se someta.
La banda terrorista ETA, que ha vertido tanta sangre en Cataluña, es, en efecto, un referente para el separatismo catalán. Como lo son los regímenes comunistas que han devastado Cuba y Venezuela y que para imponer el terror en sus sociedades se valen de lumpen revolucionario como el aglutinado en torno a los siniestros comités de defensa de la revolución castristas o las bandas de malandros chavistas.
Ante este estado de cosas, ¿qué hace el Gobierno de la Nación? En vez de cumplir con su deber y perseguir de manera implacable a los liberticidas que no dejan de demostrar su odio mafioso a Cataluña, se desvive por apaciguar a los máximos responsables del envenenamiento de la convivencia en el Principado, incursos por lo demás en un golpe de Estado anticatalán a fuer de antiespañol.
Pedro Sánchez debe rectificar de inmediato y poner en práctica una política de tolerancia cero con el separatismo golpista, que utiliza tácticas propias de una organización terrorista. Todo lo demás será ya cobardía intolerable o complicidad infame.