Mucho tardó el PP en proponer un plan b al draconiano, ineficaz y empobrecedor estado de alarma decretado por el Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias; y muy poco parecía que había tardado el principal partido de la oposición en olvidarlo y dejar de reclamarlo desde que el Gobierno pusiera fin, el pasado 21 de junio, al confinamiento de la población. Como si una vez extinguido el estado de alarma hubiera desaparecido el riesgo de contagio; o como si la única forma de afrontar los rebrotes que ya se están produciendo fuera la de volver al confinamiento propio del estado de alarma.
Hasta tal punto el PP dejó de publicitar su propuesta de "término medio" que ya no la inmensa mayoría de los españoles sino hasta el propio presidente gallego, Alberto Núñez Feijoó, creen que no hay mecanismos jurídicos con los que afrontar los rebrotes si no se recupera el estado de alarma. Pero, como bien señaló en su día Pablo Casado en el Congreso, hay hasta seis leyes, un reglamento, una sentencia del TSJ de Madrid y dos normas internacionales que permiten afrontar la pandemia sin llegar al extremo de una excepcionalidad tan abusiva como la padecida durante casi tres meses. Dichos mecanismos, que van desde la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública a la Ley General de Sanidad, pasando por la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, el reglamento para la lucha contra las enfermedades infecciosas y hasta por una sentencia del TSJM referida al inolvidable perro Excalibur, dotan, en unos casos a las comunidades autónomas, en otros a la Administración central, de herramientas más que suficientes para gestionar la crisis sin tener que volver a encerrar a toda la población. Eso por no hablar de que todas ellas son susceptibles de modificación si se considerase necesario, tal y como se indica en el Pacto Cajal.
Afortunadamente, Pablo Casado ha vuelto a poner sobre el tapete dicho plan por medio de un comentario en su cuenta de Twitter. Pero el líder del PP debería darle mayor difusión, pues el riesgo de que el Gobierno vuelva a las andadas del estado de alarma es enorme, por mucho que el anterior fuera un desastre económico y sanitario, tal y como ha quedado reflejado en informes producidos por la Universidad de Cambridge, el ICMA australiano o el semanario británico The Economist.
Pese a que la propia OMS, por boca de su jefa de la Unidad de Enfermedades Emergentes, la epidemióloga Maria van Kerkhove, afirmara recientemente que habría que "evitar los confinamientos masivos en el futuro", el riesgo de que Sánchez e Iglesias vuelvan a decretar el cerrojazo nacional es enorme si la población lo percibe como la única forma de luchar contra la pandemia. A las pulsiones liberticidas de socialistas y comunistas se suma la necesidad que tiene el Gobierno de disimular y diluir la desobediencia de los separatistas a los tribunales que han determinado que no se puede confinar a la población en Cataluña sin que el Gobierno central haya decretado un nuevo estado de alarma.
Así las cosas, ya puede la oposición hacer pedagogía, salir a la palestra y reclamar medidas destinadas a aumentar la oferta de plazas hospitalarias, localizar y controlar los focos, hacer tests y seguimientos de los contagiados, o el Gobierno de los sectarios incompetentes volverá a estabular a los españoles en sus casas.