Mientras el presidente del Gobierno implora diálogo a los golpistas y les propone "muy en serio" un nuevo estatuto para Cataluña, el sedicioso Quim Torra no sólo insiste en que sólo aceptará un referéndum de autodeterminación, sino que se permite amenazar con abrir las cárceles en caso de que haya condenas por el 1-O.
No por surrealista resulta menos grave la afirmación de Pedro Sánchez de que va a tomarse "muy en serio" la elaboración de un nuevo estatuto para Cataluña, ya que pretende hacerlo, según confesión propia, para tratar de contentar a un golpista recalcitrante mediante la aceptación de un proyecto de reforma estatutaria que el Tribunal Constitucional tumbó en su día por ser incompatible con la Constitución. Por otro lado, qué decir de la bochornosa e insensata decisión de Sánchez de trasladar a cárceles catalanas a los imputados por el ilegal 1-O y por la posterior declaración unilateral de independencia sin haber restablecido previamente el orden constitucional en Cataluña. Ahora toca estar pendientes de qué hace el indeseable incendiario Torra.
Como ha quedado demostrado hasta la náusea, la tan tardía como superficial y fugaz aplicación del artículo 155 de la Constitución llevada a cabo por el Gobierno de Rajoy no estuvo orientada a restablecer el orden constitucional en Cataluña, sino, más bien, a convocar nuevas elecciones regionales, que, tal y como era previsible, únicamente sirvieron para reinstaurar en el poder a los golpistas. Así las cosas, sólo teniendo en cuenta que Sánchez –el peor candidato electoralmente hablando del PSOE en lo que va de democracia– debe el poder a los golpistas puede explicarse su decisión de trasladar a Junqueras y compañía a Cataluña. Esa gravísima decisión que Sánchez tomó nada más llegar al Gobierno podría facilitar enormemente a Torra esa suelta de presos con la que ha amenazado.
Tanto si el desafío del execrable supremacista Torra al Estado de Derecho se traduce en la celebración de tumultuosas manifestaciones separatistas,tal y como ya ha prometido hacer, como si desembocara en la excarcelación de golpistas condenados, extremo que públicamente no ha descartado, la respuesta del Gobierno de la Nación no debería limitarse a incrementar el número de policías y agentes antidisturbios en Cataluña, sino que ha de tener por objetivo desalojar inmediatamente del poder a los liberticidas que de manera tan clamorosa han anunciado su intención de subvertir el orden constitucional.
El Gobierno de España no debe repetir el error de esperar a que unos golpistas consumen sus anunciados delitos para actuar de manera decisiva. Como quedó demostrado en el 1-O, la intervención policial no sólo no evitaría que los golpistas consumaran sus fechorías, sino que les excitaría el victimismo y volverían a acusar al Estado de implacable represor ante una opinión pública internacional muy expuesta a las intoxicaciones del agitprop separatista.
Así pues, urge la intervención de la Administración regional catalana para evitar que los golpistas se sigan sirviendo de ella para sus espurios fines, y no menos perentoria es la celebración del juicio contra los cabecillas de un proceso secesionista que, según su iniciador, el inicuo Artur Mas, no pararían "ni Tribunales ni Constituciones". Si, como es sabido, la Justicia lenta no es justa, en el caso que nos ocupa la tardanza del pronunciamiento judicial resulta temeraria, por cuanto alimenta la esperanza de impunidad de quienes han tomado el relevo del impune Artur Mas y del cobarde prófugo Carles Puigdemont.
No perece que haya razón jurídica alguna para seguir demorando un juicio por unos hechos delictivos que se anunciaron públicamente con gran antelación y que fueron perpetrados ante los ojos de todos los españoles. Ese juicio es tanto o más necesario si se tiene en cuenta que desde el Gobierno sólo se oyen claudicantes ofertas de diálogo que huelen a prevaricación y a componenda, es decir, a Traición.