Al conmemorar el vigésimo aniversario del secuestro y asesinato del edil del PP Miguel Ángel Blanco resulta ineludible evocar el nacimiento y la posterior evolución del denominado Espíritu de Ermua. Aquel asesinato a cámara lenta, perpetrado como consumación del chantaje terrorista que exigía el inmediato acercamiento de los presos de ETA al País Vasco pero también como venganza por la reciente liberación –por parte de la Guardia Civil– de José Antonio Ortega Lara tras 532 días de inhumano cautiverio, produjo en toda España, y muy especialmente en el País Vasco, unas manifestaciones de repulsa jamás vistas. Fue ese un movimiento cívico y espontáneo que desbordó a la clase política, a la que, lejos de reclamar alguna clase de apaciguador entendimiento con los terroristas, exigía el aislamiento social y político del entorno etarra, así como una lucha antiterrorista que hiciera uso de todos los mecanismos del Estado de Derecho. "A por ellos, con la ley y la palabra, a por ellos", fue una de las muchas y combativas proclamas que se escucharon en aquella masiva manifestación de Madrid, a la que acudieron cerca de dos millones de personas y en la que no hubo cabecera oficial, pues fue tomada una ciudadanía que clamaba, no por el apaciguamiento, sino por la derrota de ETA.
Pronto, sin embargo, algunos políticos nacionalistas se fueron a por la ETA; pero no para combatirla, precisamente, sino para negociar una tregua bajo el repugnante compromiso de buscar una estructura "única y soberana" para lo que ellos denominan Euskal Herria y para romper los acuerdos que el PNV mantenía con el PP y el PSOE. Así, el 12 de septiembre de 1998, poco más de un año después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, las formaciones nacionalistas vascas firmaban en la localidad navarra de Estella un ominoso acuerdo que dio pie a que los terroristas hicieran público, cuatro días después, un no menos infame comunicado en el que anunciaban una "tregua indefinida" y en el que se daba un voto de confianza a las formaciones que habían suscrito el Pacto de Estella.
Inmediatamente, el nacionalismo vendió aquel tergiversado anuncio de tregua indefinida de los terroristas como una "oportunidad para la paz". La oposición socialista reclamó al Gobierno del PP que no cayera en el "inmovilismo" y su líder, Joaquín Almunia, pidió al Ejecutivo una "política de gestos". El propio José María Aznar, al que ETA había querido asesinar cuando aún no había llegadpo el Gobierno, accedió a mantener "contactos" con lo que denominó el "entorno del movimiento vasco de liberación", advirtiendo claramente, no obstante, que no se pagaría un "precio político" por el hecho de que ETA dejara de matar. La "generosidad" que reclamaba la oposición y que entonó el propio Gobierno creó indudable tensión en el seno del Ejecutivo, donde el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, advertía lúcidamente de que todo era una "trampa".
No obstante, tras el escalonado acercamiento de más de un centenar de presos etarras a cárceles próximas al País Vasco y un contacto con ETA en el que los emisarios del Gobierno verificaron la nula voluntad de los terroristas de renunciar a aquello por lo que habían matado y, en realidad, anunciado su tregua, el Gobierno del PP dio por cancelado todo diálogo con la organización terrorista.
Las formaciones nacionalistas, por su parte, si bien siguieron durante meses criticando el "inmovilismo" del Gobierno, tampoco avanzaron lo suficiente –a juicio de la propia ETA– en su compromiso de ruptura con el Estado. Así las cosas, la banda terrorista dio por finalizada su tregua en noviembre de 1999, asesinando pocos días después a otro español apellidado Blanco, el coronel Pedro Antonio Blanco.
La brutal campaña criminal que ETA desató a partir de entonces reactivó, sin embargo, el Espíritu de Ermua. El PSOE, temeroso de que la sociedad le reprochara falta de apoyo a la política de relativa firmeza del PP, corrió a buscar un acuerdo con el Gobierno para que la política antiterrorista quedara fuera de la controversia electoral, pero en el que se incluía un oportuno reproche a los nacionalistas por haber querido poner un precio político a la paz. Así, el 8 de diciembre de 2002, PP y PSOE firmaban el llamado Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, y año y medio después se aprobaba la Ley de Partidos, por la cual se decretaría la suspensión total de las actividades de Batasuna y, en marzo de 2003, su total disolución.
Aquella ofensiva social, legal, política y policial contra ETA, expresión insuperable del Espíritu de Ermua, llevó a la organización terrorista a su trance más agónico. No obstante, pronto hubo quienes, cegados por el espejismo del apaciguamiento o por la ideología, corrieron a dar oxígeno a la banda terrorista. Tal fue el caso de los separatistas de ERC, liderados por el entonces vicepresidente de la Generalidad, y futuro socio de Gobierno de Zapatero, Josep-Lluís Carod Rovira, quien se entrevistó en enero de 2004 en Perpiñán con miembros de la banda terrorista para reclamarles una tregua circunscrita a Cataluña, solicitud a la que ETA accedió apenas un mes después. También fue el caso del propio Partido Socialista del País Vasco, que, a pesar de estar supuestamente en vigor el Acuerdo por la Libertades, ya había establecido los primeros contactos clandestinos con el entorno etarra para lograr una tregua para toda España.
A la inesperada victoria de José Luis Rodríguez Zapatero en las elecciones de 2004, violentadas por la espantosa matanza del 11 de marzo y en las que las sedes del PP fueron sometidas a asedio, le siguió poco tiempo después un silenciado comunicado de ETA en el que se reclamaba al nuevo presidente del Gobierno "gestos para Euskalherria tan valientes como los dados en Irak", en referencia a la decisión de Zapatero de retirar inmediatamente las tropas españolas de aquel país.
A comienzos de mayo de 2005 el diario El País informaba oficiosamente de la disposición del Gobierno a negociar con los neobatasunos la reforma del Estatuto de Guernica y "dar una salida a los presos" si ETA declaraba una tregua "cuanto antes". Pocos días después, el 17 de mayo de 2005, el Congreso aprobaba, con la rotunda oposición del PP, una resolución favorable al diálogo con ETA si los terroristas dejaban las armas.
Tras casi un año en el que se celebraron multitudinarias manifestaciones en las que las propias asociaciones de víctimas, con el respaldo del PP, habían enarbolado el Espíritu de Ermua y mostrado su oposición a cualquier diálogo y a cualquier concesión a los terroristas, ya fuese política o penitenciaria, ETA anunció –en marzo de 2006– un "alto el fuego permanente" que, por cierto, no incluía el cese del robo de armamento ni el de la extorsión del denominado impuesto revolucionario. Precisamente, y a fin de no poner en peligro el nausebundo proceso de negociación en marcha, en mayo de ese año agentes policiales alertaron en el bar Faisán a unos miembros del aparato de extorsión de la banda de que iban a ser detenidos por orden de un juez, lo que terminó por desbaratar la operación policial.
El 30 de junio Zapatero anunció formalmente el inicio del diálogo con ETA, justificando su decisión en el anuncio de alto el fuego de los criminales después de tres años sin atentados con muertos.
Ni aquel anuncio de ETA ni la designación de Gregorio Peces Barba como alto comisionado para las víctimas habían anestesiado el Espíritu de Ermua, que todavía anidaba en buena parte de la sociedad española y muy especialmente en las asociaciones de víctimas. Las multitudinarias manifestaciones en contra de la negociación con los terroristas se siguieron sucediendo con el apoyo de un PP muy combativo que había acusado al Gobierno de Zapatero de "traicionar a los vivos y a los muertos". Por su parte, el Ejecutivo hacía guiños públicos a ETA; así, Zapatero aseguró que la "paz" permitiría que "todo" tuviera "cabida", tuviera el "alcance" que tuviera. Su Fiscalía General del Estado, encabezada por Cándido Conde-Pumpido, animaba a jueces y fiscales a no interpretar la Ley de Partidos como un "Guantánamo electoral", al tiempo que les pedía, cursi y bochornosamente, que sus togas no eludieran "el contacto con el polvo del camino" y que la ley no fuera un "obstáculo para la paz".
Mientras tanto, las negociaciones con los terroristas seguieron, con altibajos su curso; sólo fueron clara pero temporalmente interrumpidas por el atentado de la ETA en la T-4 de Barajas en diciembre de 2006, en el que fueron asesinados dos individuos de nacionalidad ecuatoriana, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio. Los terroristas culparon de las muertes al Gobierno por no haber desalojado el aeropuerto a pesar de las tres supuestas llamadas de preaviso y justificaron la colocación de la furgoneta bomba por la oposición del Ejecutivo a "cumplir sus compromisos".
Aun así, la banda terrorista tuvo la desfachatez de decir que mantenía la vigencia del alto el fuego, por lo que pronto se restablecieron las negociaciones, en las que participaron, entre otros, futuro vocal del Manuel Gómez Benítez, posteriormente miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera, sanguinario etarra sobre el que pesaba desde 2002 una orden de búsqueda y captura por su implicación en la matanza de la casa cuartel de Zaragoza.
En dichas negociaciones se llegó a ofrecer, tal y como años después vinieron a confirmar las propias actas de la banda incautadas en Francia, la derogación de la Doctrina Parot. No resultó sorprendente el contenido de aquellas actas, habida cuenta de que la Fiscalía General del Estado se había alineado públicamente con la defensa del etarra Henri Parot y el Gobierno proponía al socialista Luis López Guerra, notorio detractor de dicha doctrina, como magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ante el que los abogados etarras recurrieron la negativa del Supremo a derogarla. Eso, sin olvidar la campaña de una agresividad sin precedentes que el PSOE había lanzado públicamente contra el entonces presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, por su respaldo a la misma.
Tampoco se puede olvidar, a la hora de recordar aquellos años, la inicua y prematura excarcelación del sanguinario Iñaki de Juana Chaos, tras su teatral huelga de hambre, ni los nulos esfuerzos por volver a detenerlo tras requerir la Justicia ue fuera sometido a un nuevo procesamiento.
En mayo de 2011, el Tribunal Constitucional, en una de las sentencias políticas más escandalosas de su historia, decidió suspender la ilegalización de Bildu dictada por el Supremo. Dos meses después, ETA celebró en un silenciado comunicado los buenos resultados obtenidos en las elecciones autonómicas por su nueva y tolerada marca electoral, y se jactó de haber ganado "la batalla política e ideológica de la ilegalización".
En octubre de ese mismo año, la banda emitió un nuevo comunicado en el que, si bien cambiaba el calificativo de su alto el fuego de "permanente" a "definitivo", seguía vanagloriándose de su historial criminal y utilizando un lenguaje chantajista contra los Estados francés y español. Sin embargo, recibió el aval del candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, y de su rival popular, Mariano Rajoy, quien llegó a decir, pese a la derogación de facto de la Ley de Partidos, que el comunicado etarra no era fruto de "ninguna concesión política".
Ese aval de Rajoy y, sobre todo, su llegada al poder en las elecciones del 20 de noviembre de ese mismo año marcaron un punto de inflexión en la actitud del PP ante la sucia y vil paz de ETA. Así, el nuevo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, nada más tomar posesión del cargo calificó de "ejemplar" la labor de sus antecesores y aseguró: "Para que lo sepa todo el mundo: me consta que el Ministerio del Interior en ningún momento ha dejado en suspenso el Estado de Derecho".
La excarcelación de Iosu Uribetxebarria Bolinaga, secuestrador y torturador de Ortega Lara, en agosto de 2012, escandalosamente justificada por el Gobierno de Rajoy por un falso "imperativo legal", fue un mazazo para las víctimas del terrorismo, sólo superado por el que recibirían poco más de un año después, cuando el Tribunal de Estrasburgo emitió una sentencia –con el decisivo concurso del ya mencionado Luis López Guerra– contra la Doctrina Parot. El Gobierno de Rajoy la asumió hasta el punto de que se benefició de ella no sólo la etarra Inés del Río, objeto de la sentencia de la que entendió Estrasburgo, sino todos los reclusos que seguían en prisión como consecuencia de la Parot y acometió una excarcelación masiva de etarras... y de violadores y asesinos en serie, algunos de los cuales ya han reincidido en sus conductas criminales.
Hoy, veinte años después del asesinato de Miguel Ángel Blanco y del nacimiento del Espíritu de Ermua, la sociedad española vive cómodamente instalada en una paz indigna, en la que los terroristas, ciertamente, ya no matan ni secuestran, mientras la unidad nacional y el Estado de Derecho son objeto de amenazas formidables; una paz en la que los voceros de ETA tienen financiación y acrecentada representación política; una paz bajo la que siguen sin esclarecerse más de 300 asesinatos de ETA y en la que etarras en paradero sobradamente conocido por las autoridades, como Juana Chaos o Josu Ternera, siguen sin ser detenidos.
La memoria, la dignidad y la justicia que merecen Miguel Ángel Blanco y todas las demás víctimas del terrorismo exigían y exigen más, muchísimo más.