Ante su situación de práctica quiebra y tras haber sufrido la humillación de tener que pedir miles de millones al Gobierno central para poder atender a pagos como las nóminas de sus funcionarios, los responsables de la Generalidad catalana han subido el tono del enfrentamiento político con el Estado, en esta ocasión a cuenta de la petición del "pacto fiscal".
Es obvio, y además resulta una maniobra groseramente torpe, que los de CiU sólo pretenden desviar la atención sobre la dramática situación económica que vive la administración catalana y que la gestión de Artur Mas no ha contribuido a solucionar. Desviar la atención y cargar a otros con la culpa, cumpliendo lo que podría ser, sin duda, el primer "mandamiento" del nacionalismo catalán: todo lo bueno que nos pasa es mérito nuestro y todo lo malo culpa de otros.
Pero no, la realidad es que lo que le ocurre a Cataluña es, sobre todo, culpa de los políticos catalanes y, en no poca medida, de los ciudadanos que los han votado. Porque la situación ha estallado ahora, pero viene gestándose desde los viejos tiempos de Jordi Pujol y, sobre todo, empezó a adquirir tintes dramáticos tras los desastrosos años del gobierno tripartito.
Conviene, no obstante, no engañarse: como en el caso de España la situación en Cataluña se ha agravado por la responsabilidad de un gobierno radical de izquierdas, pero obedece a errores estructurales y a unas sociedades que, más o menos conscientemente, han retorcido sus propios valores hasta convertirlos en una masa irreconocible aderezada, en un caso, con fuertes dosis de demagogia izquierdista y, en el otro, de demagogia izquierdista y nacionalista.
Muchos pensaron durante años que, ante la posibilidad de que su apuesta separatista tuviese un coste económico, la sociedad catalana echaría de alguna forma el freno. "La pela es la pela", se decía en Madrid. Sin embargo, el proceso de puesta en marcha del Estatuto y el referéndum con el que se ratificó demostraron que entre bienestar y nacionalismo los catalanes, desgraciadamente, preferían nacionalismo.
Ahora Mas amenaza con otro referéndum que en ningún caso quiere celebrar, pero espera que la intimidación y el chantaje sirvan, si no para conseguir más dinero, sí para apuntalar su posición política dentro de su comunidad. Triste es, por cierto, que si lo primero resulta improbable – y no precisamente por la aguerrida resistencia que pudiera presentar el gobierno de Rajoy sino porque la situación en la Hacienda española es la que es – lo segundo parece más que posible: el mensaje victimista cala en una sociedad catalana que prefiere pensar en un inexistente pero reconfortante "expolio" en lugar de asumir sus propias responsabilidades y errores.
Quizá lo mejor sería tomarle la palabra al propio Mas y a su consejero Felip Puig y plantear un referéndum, pero no sólo en Cataluña para defender un injusto e inviable remedo del Cupo Vasco, sino una votación en toda España en la que los españoles pudiéramos decidir si queremos seguir manteniendo desigualdades entre comunidades autónomas basadas en supuestos privilegios o reclamaciones de siglos atrás.
En definitiva, bien haría Mas en andarse con cuidado a la hora de amenazar con referéndums: a veces cuando los deseos se hacen realidad en lugar de en un sueño nos encontramos en una pesadilla.