La noticia de que un informe de la Guardia Civil confirma las llamadas, reuniones y comunicaciones "frecuentes" mantenidas desde 2019 por altos cargos del Ministerio del Interior con el entorno bilduetarra para analizar y planificar los beneficios penitenciarios a los que aspiran los presos etarras y el máximo dirigente del brazo político de la banda, Arnaldo Otegi, constituye un bombazo informativo que ha llevado al PP y a Vox a exigir la inmediata destitución del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del director de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.
A este respecto, conviene recordar que Otegi ya lo dejó meridianamente claro en octubre del año pasado: "Tenemos a 200 presos en la cárcel, y si para sacarlos hay que votar los Presupuestos, pues los votamos". El Gobierno desmintió entonces ese nauseabundo y delictivo chalaneo con la misma desfachatez con la que pueda negar ahora lo que viene a confirmar el informe de la Guardia Civil. Pero lo que era ya un hecho es que el Ejecutivo no interrumpió las negociaciones con la formación proetarra que supuestamente le había calumniado, sino que, por el contrario, siguió negociando su apoyo a los Presupuestos, lo que consiguió un mes después.
La operación Votos por Presos es una estratagema necesariamente disimulada y paulatina ("tal vez en seis años lo logremos, pero yo eso no lo puedo decir en público", afirmó Otegi en su día), pero lo cierto es que el Gobierno de Sánchez ha respondido con escaso disimulo al respaldo parlamentario de Bildu, como evidencia no sólo el constante acercamiento de presos etarras a cárceles del País Vasco, sino la cesión de competencias de prisiones al Gobierno regional vasco y, sobre todo, la disposición de Sánchez a modificar la ley para que a los terroristas de ETA se les descuenten de su pena en España los años de condena por otros delitos terroristas cumplidos en Francia.
Precisamente fue este abyecto proyecto de modificación legislativa lo que llevó el pasado viernes a la Asociación de Víctimas del Terrorismo a convocar una manifestación –aún por fechar– para denunciar lo "hartas, dolidas, fundidas y pisoteadas" que las víctimas de ETA se sienten "por un Gobierno que no para de mentirnos, ningunearnos y utilizarnos como moneda de cambio".
Ciertamente, y con independencia de que esta maniobra de votos por presos pueda constituir un delito de prevaricación, lo apuntado por Otegi y confirmado ahora por el informe de la Benemérita conllevaría una catarata de destituciones en cualquier Gobierno decente. El de Sánchez, sencilla, terriblemente, no lo es.