De la misma forma que no tiene ningún sentido juzgar a alguien por un delito que todavía no ha cometido, carece de sentido esperar a que alguien lo cometa para advertirle de las consecuencias que tiene el perpetrarlo. El Gobierno de Rajoy no sólo podía sino que debió haber advertido clara y públicamente al presidente de la Generalidad de las consecuencias políticas y penales que tendría la comisión de una consulta secesionista ya el mismo día en que Artur Mas, hace más de dos años, amenazó con realizarla si aquél no se avenía a suscribir el mal llamado pacto fiscal.
El temerario mutismo y la irresponsable pasividad de Rajoy han fortalecido durante estos dos años la convicción de los nacionalistas de que la celebración de esa ilegal consulta secesionista no les acarrearía perjuicio alguno en el ámbito político ni en el penal, puesto que el Gobierno ni intervendría la Generalidad en aplicación del artículo 155 de la Constitución, a fin de evitarla, ni tampoco, al objeto de castigarla, instaría al fiscal general de Estado a abrir procedimiento por los delitos de desobediencia y usurpación de atribuciones.
Convencidos de que podrían sacar adelante la consulta con una impunidad como la que, de hecho, ya disfrutan a pesar de su continuada desobediencia a las sentencias judiciales en materia lingüística o su financiación de ilegales estructuras de Estado, los gobernantes nacionalistas han podido contemplar también cómo el Gobierno de Rajoy, a fin de evitar la intervención de la Administración regional catalana, hasta la ha financiado privilegiadamente a través del Fondo de Liquidez Autonómica, no fuera que su carísimo, además de ilegal, proceso de construcción nacional les arrastrara a la suspensión de pagos.
Sólo esta semana, a escasos dos meses de la fecha prevista de la consulta secesionista, la Fiscalía General del Estado y el Gobierno se han atrevido a esbozar algo que algunos podrían interpretar como una advertencia respecto de las consecuencias penales y políticas que tendría la consulta de marras.
Bien está que el fiscal general del Estado, en declaraciones a la cadena SER, haya sacado del limbo a quienes creían que, una vez que el Gobierno de Zapatero derogó el artículo del Código Penal que sancionaba de manera más especifica y severa la celebración de un refrendo sin autorización, los delitos de desobediencia y usurpación de atribuciones ya no tenían reproche penal. Con todo, si lo que pretende Torres Dulce recordando lo que todavía dice el Código Penal es disuadir a los gobernantes nacionalistas y evitar que celebren la ilegal consulta, no debería haber esperado tanto tiempo para lanzar sus advertencias.
Peor aún han sido las declaraciones de Garcia Margallo de este martes, en las que el ministro parecía no descartar que la intervención de la Generalidad fuese una de las "medidas necesarias" para evitar la consulta secesionista. Aun cuando se vaya de farol, las advertencias han de ser claras y firmes. Eso, por no hablar de que quien se haya expresado así, y tan tarde, haya sido no el presidente del Gobierno sino nada menos que el titular de Exteriores. ¿Tan acomplejado está el Ejecutivo ante los nacionalistas que trata el desafío secesionista como si de un asunto exterior se tratara?
Lo peor es que ya se conoce de sobra la renuencia de Rajoy a la hora de hacer cumplir la ley como para que puedan resultar creíbles las advertencias que tarde y mal ha hecho su ministro de Exteriores.