El último informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de las finanzas de los partidos no deja lugar a la duda: todos las formaciones con representación parlamentaria, sin excepción, han cometido constantemente irregularidades, algunas de las cuales podrían tener relevancia penal, a tenor de la primera aproximación realizada por la Fiscalía.
El informe más reciente del órgano fiscalizador, correspondiente al ejercicio de 2012, ha detectado conductas expresamente prohibidas por la vigente ley de financiación de partidos, tales como el ingreso de donativos privados en cuentas bancarias no dedicadas exclusivamente para tal fin, la concesión de préstamos irregulares a fundaciones dependientes de las formaciones políticas o la condonación ilegal de deudas por entidades crediticias, todo un clásico en la trayectoria financiera de los partidos españoles.
Hay que destacar que la fiscalización realizada por el Tribunal no entra a analizar el uso que los partidos dan a todos fondos, en su mayor parte procedentes del presupuesto público, sino que únicamente estudia la manera irregular en la que se ha captado ese dinero que luego las distintas formaciones han empleado según su particular criterio. Pues bien, sólo en ese apartado, las arbitrariedades son tan notables y están tan extendidas que desautorizan a los partidos políticos para acusarse mutuamente de corrupción.
Pero es que el propio tribunal encargado de fiscalizar las cuentas de las instituciones públicas no es ajeno a la existencia de comportamientos que, como mínimo, cuestionan la imagen de ejemplaridad que un órgano de esas características debe observar, de manera especialmente escrupulosa. Nos referimos al nombramiento de sus miembros por parte de los mismos partidos a los que ha de investigar y la prodigalidad con la que se han provisto los puestos de dirección con familiares de altos cargos y representantes sindicales, dos elementos que vician de origen la labor trascendental de un organismo público de estas características.
Esta connivencia entre los partidos políticos y las instituciones que tienen que controlarlos, que los numerosos escándalos emergidos al socaire de una terrible crisis económica han hecho salir a la luz, interpelan muy seriamente la sinceridad de los propósitos de PP y PSOE para erradicar las conductas corruptas de la esfera pública. La escasa entidad de las medidas adoptadas por el Gobierno para dignificar la vida política y las acusaciones cruzadas entre los partidos mayoritarios sin reconocer lo que cada uno tiene en su seno son parte de la explicación del surgimiento de movimientos populistas de extrema izquierda. Rajoy y Pedro Sánchez tienen la responsabilidad de hacer creíbles sus propuestas de regeneración pública, empezando por la de acabar con las conductas que el Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto en un informe demoledor.