España crece y crea empleo desde hace más de tres años, recuperando así buena parte del terreno perdido en materia de riqueza y puestos de trabajo durante la larga y profunda crisis que estalló tras el pinchazo de la burbuja crediticia internacional a mediados de 2007. Sin embargo, esta clara y evidente mejoría económica y social no tiene nada que ver con la actividad de los políticos y sí todo con el denodado esfuerzo y la sobrada capacidad de las familias y empresas españolas para salir adelante por sus propios medios, a pesar de las numerosas y enormes trabas que impone la Administración estatal para poder progresar.
El PIB nacional creció un 3,2% en 2016 y, a la vista de los indicadores disponibles del primer trimestre, bien podría repetir dicho avance en el presente ejercicio. Por el momento, la economía española aumentó un 0,8% entre enero y marzo, a un ritmo del 3% interanual, y el Gobierno prevé ahora un crecimiento del 2,7% en 2017, acompañado de un ritmo de creación de empleo muy similar. El Ejecutivo de Mariano Rajoy lleva tiempo aprovechando esta favorable coyuntura para colgarse la medalla de la recuperación en la solapa, como si este radical cambio de rumbo tuviera que ver única y exclusivamente con sus políticas y no con el sacrificio de todos los españoles.
Pero la realidad no puede ser más diferente, ya que el único mérito real del Gobierno del PP en materia económica ha consistido en liberalizar un poco el mercado de trabajo. Es decir, la labor de los populares se ha limitado a dificultar un poco menos la creación de empleo, que no es lo mismo que facilitarlo. Algunos dirán que también ha reducido el déficit, pero lo cierto es que España cerró el pasado año con el mayor desequilibrio fiscal de la zona euro y si el agujero se ha estrechado del 9,6% en 2011 al 4,5% del PIB en 2016 no ha sido por los recortes aplicados al sector público, sino por la histórica y perjudicial subida de impuestos que el Gobierno ha cargado sobre los hombros del contribuyente, así como por la recaudación procedente de la propia recuperación económica.
Las bases del crecimiento actual, por el contrario, son obra del sector privado. Familias y empresas han reducido en 800.000 millones de euros la abultada deuda que acumularon durante los años del boom inmobiliario, regresando ya a niveles precrisis. Este sustancial desapalancamiento ha sido clave para reforzar la solvencia de la economía nacional y liquidar las malas inversiones acometidas en el pasado. Para austeridad, por tanto, la del sector privado. Además, la estructura productiva está cambiando sin necesidad alguna de dirigismo político. La caída de la construcción está siendo compensada por el auge que experimentan otros sectores, como el energético, cuya inversión ha pasado del 2,3% al 9% del total, o las actividades profesionales, científicas y técnicas,que aumentan del1,7% al 4,5%. Si a todo ello se suma la revolución silenciosa que han protagonizado las empresas españolas por la vía de las exportaciones, cuyo nivel alcanza máximos históricos, el incremento de la productividad o la excelente situación del sector turístico, se observa claramente que estos y otros logros, pilares de la recuperación, son fruto del sector privado, no de los políticos.
España, por tanto, crece y crea empleo, sí, pero a pesar del Gobierno, no gracias a él. Los españoles están saliendo adelante contra viento y marea, a pesar de las enormes rigideces que imponen las Administraciones Públicas, las absurdas limitaciones que marca el poder político y la abusiva voracidad fiscal de Hacienda. Y si todo esto está siendo posible pese a dichas dificultades, qué no harían los españoles si el país contara con una estructura estatal más reducida y eficiente, una menor presión fiscal y una amplia libertad económica… La crisis pasaría al olvido y España, sin duda, pasaría a formar parte del selecto grupo de grandes potencias económicas a nivel mundial.
