Tras el rotundo fracaso que la execrable Ley contra la Violencia de Género (LVG) ha venido cosechando desde su promulgación (52 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año, cifra superior a la de todo 2018), resulta una indignante insensatez que todos los partidos –a excepción de Vox– sigan apostando ciegamente por ese bodrio que, dejando de lado su demostrada incompetencia a la hora de atajar el mal que pretende combatir, supone un ataque formidable contra dos pilares básicos de cualquier Estado de derecho: la presunción de inocencia y la no discriminación por razón de sexo.
Asombrosamente, el consenso acrítico en torno a esa inoperante e injusta ley no admite disidencia alguna, como demuestra el bochornoso numerito que le montaron a Javier Ortega Smith el pasado lunes por atreverse a cuestionarlo. Para colmo, el Ayuntamiento de Madrid, con el voto de socialistas, comunistas y los acosados devenidos acosadores de Ciudadanos, ha aprobado este miércoles una orwelliana reprobación contra el representante de Vox "por sus boicots y su falta de respeto a las víctimas de la violencia de género". Como si el boicot no lo hubiera sufrido él. Como si denunciar el fracaso y la injusticia de una ley aberrante que incentiva las denuncias espurias contra los hombres por razón de su sexo sin encima reducir el número de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas fuera una falta de respeto a unas víctimas cuyo número no para de crecer.
Como era de prever, pocas horas después de esa reprobación infame, Ortega Smith sufría un escrache en la Junta de Distrito del barrio capitalino de Chamberí, donde un grupo de ultras feministas le recibieron al proyectivo grito de "¡Fuera fascistas de las instituciones!".
Aquí los únicos fascistas –fascistas antifascistas, que diría el clásico– son quienes quieren ver fuera de las instituciones a un partido por algo tan consustancialmente democrático como atreverse a criticar una ley, de hecho la más antiliberal de todas las que están en vigor en Europa: la injusta, inoperante y mal llamada Ley contra la Violencia de Género. Por otra parte, no hay partido en España que abogue tanto como Vox por endurecer las penas contra los criminales que asesinan a sus parejas o exparejas. Pero Vox no hace depender la pena del sexo de la víctima o del victimario, sino del crimen, posición impecablemente democrática. Tratar con distinto rasero a un ciudadano en función de su sexo, tal y como hace la LVG, es un atentado intolerable a la igualdad de todos ante la ley.
Finalmente, hay que lamentar y –sobre todo– denunciar que Begoña Villacís, que hace sólo unos meses fue víctima de acoso por parte del feminismo liberticida, y cuyo partido hizo en el pasado criticas que ahora ya no se atreve a sostener contra la LVG, se haya sumado a la abominable caza de brujas que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Madrid. No otra cosa ha sido la reprobación del líder madrileño de Vox, partido al que, en este punto como en muchos otros, nadie puede dar lecciones de democracia y respeto al Estado de derecho, que tiene por eje la igualdad de todos ante la ley.