Una disputa parlamentaria que, lejos de afrontar, silencia la principal crisis que padece España, la que erosiona su vertebración como nación y como Estado de Derecho, podrá ser calificada de muchas formas, salvo como un auténtico "debate sobre el estado de la nación". En el editorial de ayer ya denunciamos cómo el presidente del Gobierno y el líder de la oposición habían coincidido durante la primera jornada del debate en no abordar el gravísimo y vigente desafío secesionista que se ha lanzado desde la Administración regional de Cataluña, ante lo cual sólo parecían competir en ver quién lanzaba más ofertas de "diálogo" a los nacionalistas que lo están perpetrando.
Si no fuera por los nacionalistas, que han sido los que han sacado el asunto a colación, o por el Pleno del Tribunal Constitucional, que acaba de declarar inconstitucionales tanto la consulta secesionista del 9-N como la falsa ley autonómica que pretendía brindarle cobertura, esta crisis capital que padece España, y que no tiene parangón en ningún otro país de nuestro entorno, hubiera sido tan orillada en la segunda jornada del debate como en la primera.
De todas formas, nada digno de elogio cabe señalar de lo que se ha escuchado este miércoles en el Congreso: los nacionalistas reiteran su determinación de seguir adelante, mientras el presidente del Gobierno se dedica a entonar sus conocidas referencias a una ley que ni los nacionalistas cumplen ni él hace cumplir.
A la vista de sus vacuas declaraciones, Rajoy parece que ha necesitado la previsible y unánime declaración de inconstitucionalidad del Alto Tribunal para darse cuenta de que "algo pasa" en Cataluña. Lo que pasa en Cataluña, sin embargo, atañe tanto a los nacionalistas que no cumplen la ley como al Gobierno de Rajoy, que no la hace cumplir. Y es que de nada servirá esta sentencia, como de nada han servido todas las anteriores, si el Ejecutivo no se atreve a forzar el cumplimiento de las resoluciones que emanan del Poder judicial. Eso por no hablar de su no menos clamorosa renuncia a combatir, también desde la política y desde el terreno de las ideas, las pretensiones y delirios identitarios de los nacionalistas.
Es el Gobierno de la Nación el que está haciendo la vista gorda ante el incumplimiento autonómico de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, al tiempo que financia de forma extraordinaria a una Administración regional en rebeldía que aprovecha esa impunidad y esa financiación para erigir estructuras de Estado y proseguir un proceso de construcción nacional tan oneroso como ilegal.
Lo que pasa también es que hay una clase política y periodística tan frívola o voluntariamente ciega como para creer que eso del proceso secesionista empezó y acabó con aquella ilegal consulta del 9-N, no por esperpéntica menos grave.
Aunque el presidente tampoco lo miente, algo pasa cuando en España se inocula el odio a España a través de televisiones sufragadas por el contribuyente; o cuando se impide, no sólo en Cataluña, que niños españoles puedan estudiar en español; o cuando muchos catalanes pueden ver como normal que un cartel de carnaval en Solsona anime a "matar españoles en un ambiente festivo, pacífico y familiar".
Ciertamente, son muchas y muy graves las cosas que pasan en Cataluña. Pero de ellas no quiere hablar su presidente, ni siquiera en un debate supuestamente dedicado al estado de la nación.