No es de extrañar que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya rechazado el borrador del informe que validaba el nefasto anteproyecto de Ley de Vivienda aprobado por el Gobierno: como se señaló en su día, semejante bodrio antijurídico, propio de regímenes totalitarios y populistas, es clamorosamente inconstitucional. Y no sólo por razones competenciales –el Gobierno se arroga competencias que pertenecen a las comunidades autónomas–, sino por cuestiones de fondo no menos relevantes, como la vulneración del derecho de propiedad y de la libertad contractual de arrendadores y arrendatarios que entraña un texto que pretende fijar precios máximos al alquiler de viviendas.
Aun así, tampoco resulta sorprendente que el Ejecutivo social-comunista haya manifestado que va a hacer caso omiso a lo que el órgano de gobierno de los jueces ha dicho o diga al respecto y que lo sacará adelante "tal y como está".
Es cierto que los informes del CGPJ son "preceptivos, pero no vinculantes", tal y como cacarea el Ejecutivo. Pero no lo es menos que cualquier Gobierno que respetase escrupulosamente el orden constitucional tomaría buena nota de los mismos y llevaría a cabo los cambios pertinentes para borrar toda huella de incompatibilidad con la Constitución.
Sin embargo, la acción de este Gobierno, del que forma parte la extrema izquierda y que sostienen las formaciones secesionistas, ya no es que no pueda evitar sino que tiene que consistir necesariamente en burlar el consenso constitucional del 78; pero no mediante una reforma de la Carta Magna –no en vano carecen de la mayoría cualificada necesaria, y para lo cual además deberían celebrar un referéndum–, sino por la artera vía de controlar y someter al Poder Judicial que ha de validar los proyectos legislativos, bien sea a través de informes no vinculantes como los del CGPJ, bien sea a través de sentencias por supuesto vinculantes como las que tendrá que emitir llegado el día el Tribunal Constitucional.
Hasta la fecha, el rajoyesco PP de Pablo Casado ha resistido –ya veremos por cuánto tiempo– la tentación de volver a consensuar con el PSOE la composición del CGPJ; sin embargo, los populares ya han traicionado los principios liberales y sus propuestas de regeneración democrática al plegarse –en octubre– a la exigencia socialista de que los miembros del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas sigan siendo designados en su totalidad por el Poder Legislativo.
Así las cosas, la confianza en que el TC tumbe en el futuro la chavista Ley de Vivienda se ha debilitado desde que el PP se plegó a la pretensión gubernamental de controlar el Poder Judicial. Esta pulsión contraria al principio de separación de poderes, aun cuando anide en todo Gobierno, es absolutamente vital para un PSOE en manos de comunistas y separatistas. De ahí la gravedad de la falta de principios, no exenta de estupidez, del PP de Casado al no resucitar a Montesquieu y no recuperar una independencia del Poder Judicial que demanda la Unión Europea y es para España más necesaria que nunca.