Si el infierno está empedrado de buenas intenciones, también lo están el negocio de la inmigración ilegal y la trata de seres humanos: las organizaciones criminales que sacan provecho económico de la desesperación de quienes huyen de la miseria y de la guerra cuentan con los buenos sentimientos que se presuponen a quienes trabajan en ONG como SOS Mediterráneo y Médicos Sin Fronteras para que efectúen operaciones de rescate como la llevada a cabo este fin de semana por el barco Aquarius. También cuentan con la mal llamada solidaridad de los Gobiernos europeos, para que se hagan cargo de los parias y no los devuelvan a sus lugares de origen.
Decisiones como la del Gobierno español de acoger en Valencia a ese barco, con más de 600 inmigrantes, podrían parecer una solución a corto plazo, pero en realidad constituyen un agravamiento a largo plazo de este drama humanitario.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido incluso conceder el estatus de refugiado y de personas acogidas a los referidos inmigrantes –más de un centenar de los cuales son niños que viajan sin acompañamiento– aduciendo una situación de "emergencia y excepcionalidad". Sin embargo, debería ser la política común europea de inmigración la que proporcionara un marco flexible que tuviera en cuenta las situaciones particulares de cada miembro de la UE. Decisiones unilaterales tomadas más con el corazón que con la cabeza como la del Gobierno Sánchez puede que resuelvan aparentemente el problema a corto plazo, pero a costa de agravarlo a medio y a largo, pues es harto probable que generen un indeseable efecto llamada.