No contento con el horizonte de impunidad ni con la financiación extraordinaria que hasta la fecha le viene brindando el Gobierno de Rajoy, el presidente de la Generalidad aspira a que su costosísimo y radicalmente ilegal proceso de construcción nacional, referéndum secesionista incluido, cuente con el reconocimiento jurídico del Estado. Así lo ha dejado de manifiesto Artur Mas al inicio del debate de política general que ha arrancado este miércoles en el Parlamento autonómico, donde el dirigente nacionalista ha reiterado su apuesta por "celebrar la consulta de manera acordada con el Estado o, como mínimo, en un marco de tolerancia, y, por tanto, en ausencia de conflicto jurídico" entre la Generalidad y el Gobierno central.
Por mucho que el presidente del Gobierno no vaya a autorizar ni a reconocer una consulta que constituiría la voladura de la Nación como sujeto político y Estado de Derecho, eso no significa, en modo alguno, que Rajoy se muestre decidido a que los delitos de desobediencia, prevaricación, usurpación de atribuciones y malversación de fondos que entraña esa ilegal consulta separatista sean castigados. Desgraciadamente, tampoco parece dispuesto a condicionar cualquier tipo de financiación extraordinaria a la Generalidad a una renuncia expresa al proyecto de ruptura. A lo más que está dispuesto Rajoy, a la luz de sus propias declaraciones, es a recurrir al Constitucional y a no conceder efectos jurídicos a la ilegalidad, en caso de que finalmente se perpetre. Pero eso no significa –insistimos– que esté dispuesto a castigarla o a dejar de financiarla, tal y como viene haciendo indirectamente a través del Fondo de Liquidez Autonómica.
Mas no se debería, por tanto, quejar de falta de "tolerancia" por parte de un Gobierno central que ha venido irresponsablemente brindándosela, y que aún se dirige a él en tono dialogante y conciliador, a pesar de sus clamorosas e inconstitucionales pretensiones de ruptura.
Dado que el presidente de la Generalidad, gracias a esta irresponsable y mal llamada "tolerancia" del Estado español, no tiene nada que perder en el ámbito penal, ni en el político ni en el financiero, está por ver que renuncie a celebrar la consulta secesionista en 2014, por muy desautorizada que esté. En cualquier caso, el anticipar las elecciones autonómicas al próximo año y otorgarles un carácter plebiscitario, tal y como Mas ha planteado en caso de que no llegue a un acuerdo con Rajoy, lejos de representar mostrar acatamiento a la legalidad sería una forma aun más artera de burlarla.
Y ello por la sencilla razón de que, si bien Mas tiene potestad legal para anticipar las alecciones autonómicas, no la tiene para variar su naturaleza. Lo que se decide en unas elecciones es quién ha de ostentar el poder en los diferentes niveles del Estado, municipal, autonómico o nacional, no si se funda un nuevo Estado o se destruye la Nación de alguna otra manera.
Para terminar, tampoco deberían engañar a nadie estas palabras de Mas: "Cataluña siente afecto por España pero desconfía del Estado". Basta ver cómo la Generalidad instó y respaldó mediáticamente la cadena por la independencia durante la Diada, o cómo está criminalizando la celebración del Doce de Octubre en Barcelona, para comprender que los nacionalistas, lejos de mostrar "afecto por España", reprimen a los catalanes que se siguen sintiendo españoles.