Es lógico que quien durante más de dos años no ha sabido o no ha querido impedir la comisión de una ilegalidad tan largamente anunciada y flagrante como el 9-N busque ahora consuelo en una reconfortante distorsión de la realidad de lo que ha pasado. Tal es el caso de los miembros del Gobierno, cuyo presidente, por cierto, sigue desaparecido.
El ministro Soria ha declarado: "El Gobierno desde un primer momento dijo que el referéndum no se iba a realizar y que no se iba a realizar la consulta, y no se ha realizado ni referéndum ni consulta. Ha habido una apariencia de consulta que no tiene ningún tipo de efecto". Resulta alucinante que un ministro haga suyas las triquiñuelas nominativas empleadas por los separatistas para dar apariencia de legalidad a un monumental fraude de ley. Olvida Soria, además, que tan impugnados y nulos efectos otorga la ley al "referéndum", a la "consulta" y a ese "proceso participativo" que, con el declarado mismo fin, finalmente se perpetró. Está visto, sin embargo, que quien rehuye su obligación de hacer cumplir la ley está abocado a coincidir, aunque sea en triquiñuelas nominativas, con quien la vulnera.
Por otro lado, la vicepresidenta Sáenz de Santa María, sin dejar de reconocer que el Gobierno de Mas "se salta la ley con la excusa de la política", ha buscado un patético consuelo en el hecho de que "dos de cada tres" catalanes no han participado en la ilegal consulta soberanista. No es un dato desdeñable, pero lo decisivo en este asunto no es la participación ni el sentido del voto de los que han participado; lo decisivo es que "ni los tribunales ni la Constitución", tal y como aseguró Mas en su día, han impedido su celebración. Por la dejación de responsabilidades de un Gobierno central que se ha negado a inhabilitar, a disuadir o a dejar de financiar privilegiadamente a unos mandatarios regionales en abierta y anunciada rebeldía contra la Nación y el Estado de Derecho.
El argumentario de la vicepresidenta podría, además, ser pulverizado por los nacionalistas sin siquiera recurrir a su proverbial desfachatez. Podrían decir que la negativa del Gobierno a dar validez a los resultados del 9-N llevó a muchos catalanes a no hacer colas o a abandonarlas por una votación que no iba a resultar vinculante. Podrían alegar que lo que han querido y siguen queriendo es que se respete lo que decida la mayoría de los catalanes, sea la permanencia en España o su salida; que por esa razón no renuncian a un referéndum que sea verdaderamente vinculante para el Gobierno.
La cuestión, sin embargo, es que la soberanía nacional no reside ni en el tercio de catalanes que han participado en la ilegal consulta de Mas ni en los dos tercios que le han dado la espalda, sino en el conjunto de los ciudadanos españoles.
Negar la quiebra que ha sufrido el Estado de Derecho el 9-N es tanto como negar la ilegalidad de la persistente desobediencia nacionalista a los tribunales en materia lingüística, la existencia de un Consejo Asesor para la Transición Nacional, el embrión de la Agencia Tributaria catalana y demás "estructuras de Estado", ante la voluntaria ceguera de Rajoy.
Si se compara la determinación de los nacionalistas a la hora de saltarse la ley con la de Rajoy para impedirlo, no extrañe que los directores de los colegios de Cataluña digan: "Temíamos más al Departament que al Gobierno".
Se comprende que este espectáculo de quiebra del Estado de Derecho sea ocultado por quienes lo toleran. Pero ¿qué falta más por ver para que partidos y movimientos regeneracionistas como Libres e Iguales, UPyD, Vox y Ciudadanos aúnen fuerzas en pro de una gran coalición electoral como genuina alternativa? Sus legítimas diferencias son meras cuestiones de matiz en comparación con la amenaza que supone tanto la persistente degradación del sistema por culpa de PP y PSOE como la irrupción del populismo liberticida de Podemos. Y no querer verlo es casi tan grave como la ceguera voluntaria que padecen quienes son responsables de este estado de cosas.