La cadena autonómica catalana de televisión es, sin la menor duda, uno de los engranajes centrales en la maquinaria golpista puesta en marcha por el independentismo catalán. Junto con Cataluña Radio, la emisora perteneciente al mismo conglomerado de medios públicos, TV3 es una fuente constante de mensajes de odio contra España y los catalanes que quieren seguir siendo españoles y europeos. Lo que antes de que los nacionalistas iniciaran su proceso independentista era una simple actitud de desprecio racista hacia el resto de España, tras la crisis desatada con el referéndum del pasado 1 de octubre se ha convertido en una actividad constante de agitación y llamamientos a la violencia callejera en perfecta sintonía con el independentismo más radical.
Con la detención del ex presidente prófugo Puigdemont por la policía alemana, los profesionales y colaboradores de los medios públicos de la Generalidad han entrado directamente en una fase de enajenación violenta que supone un grave riesgo para la seguridad de los agentes de la ley que tratan de evitar los disturbios callejeros y de los ciudadanos catalanes contrarios al separatismo.
Pues bien, en un escenario que exige perentoriamente la aplicación del artículo 155 de la constitución en este ámbito administrativo concreto del Gobierno de la Generalidad, a la vicepresidenta del Gobierno y presidenta en funciones del Ejecutivo catalán no se le ocurre otra medida más apropiada que la celebración de un debate en el parlamento regional para tratar de determinar si en la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, a la que pertenecen TV3 y Catalunya Radio, existe algún sectarismo a favor de las tesis independentistas.
La tomadura de pelo a toda España por parte de la vicepresidenta del Gobierno es tan colosal como lamentable la actitud de la clase política en su conjunto, que prefiere lamentar la violencia instigada por los medios públicos catalanes antes que exigir su inmediata intervención. Frente a la deslealtad de todos ellos se alza el ejemplo de las instituciones señeras de nuestra Nación, lideradas por la Corona y reforzadas por la Justicia, así como las organizaciones civiles que defienden la libertad y la Constitución mientras son víctimas de la violencia cotidiana desatada por el separatismo.
Mas el complejo de los partidos nacionales a la hora de acometer el necesario saneamiento de un entorno podrido como el de TV3 no puede ser pretexto para que el Gobierno deje de cumplir con su obligación. Con mayoría parlamentaria o sin ella, la responsabilidad de la presidenta en funciones de la Generalidad exige poner coto a unos medios públicos fanatizados por el separatismo, que utilizan el dinero de todos los españoles para esparcir el odio racista y alimentar el terror.