Pudiera parecer que la familia Iglesias-Montero está sometida a una presión infernal, dado el tenor de las informaciones de no pocos medios a raíz de la aparición de una pintada que decía "Coletas, rata" en una carretera pretendidamente próxima a la casa donde pasaban unos días de vacaciones el vicepresidente segundo y la ministra de Igualdad junto a sus hijos.
Pablo Iglesias se ha quejado con amargura tartufesca en Twitter: "No hay derecho a que mis hijos tengan que sufrir las consecuencias del compromiso y las tareas políticas de sus padres, pero hay millares de niños en situaciones mucho más vulnerables. No va conmigo el victimismo". No irá con él, pero sí con los principales dirigentes de su partido, que no han dudado en acusar a los jueces y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de permitir que se acose a su Máximo Líder y a sus allegados con total impunidad. Así, mientras Iglesias se deshace en elogios a sus escoltas, sus subordinados tratan de configurar un marco informativo en el que la Guardia Civil y la Policía Nacional son responsables de una supuesta falta de protección judicial y policial de la que serían víctimas Iglesias y Montero.
La técnica es tan vieja como conocida. El entorno de Iglesias se aprovecha de una pintada para denunciar que la familia vive un tormento en vacaciones, el vicepresidente dice que no hay derecho a que sus hijos sufran las consecuencias del "compromiso" de sus padres y acto seguido recuerda: "Lo que hace a nuestra familia la extrema derecha y ciertos medios es grave, pero hay que poner cada cosa en su contexto. Hay gente que ha pagado con su libertad, con su vida o con torturas defender sus ideas y hacer política. No es nuestro caso".
Mientras tanto, otros "ciertos medios" engordan la bola y dan por sentado que Iglesias y Montero han tenido que cancelar sus vacaciones en Asturias porque corría peligro no sólo su integridad física, sino la de sus hijos. Ni siquiera hay una denuncia. No se ha remitido atestado alguno a la Fiscalía para investigar la autoría de la pintada. Claro que poco podría hacer la Fiscalía con una triste pintada.
Sin embargo, la operación mediática ha salido perfecta. Durante unos días las informaciones sobre las irregularidades financieras y la caja B de Podemos han pasado a un segundo plano, oscurecidas por el episodio vacacional de los Iglesias-Montero. A costa de trivializar la violencia que sí han sufrido y sufren jueces, fiscales, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, dirigentes políticos y militantes de otros partidos, así como sus familias, en el País Vasco y en Cataluña, Podemos ha logrado extender una cortina de humo sobre la investigación judicial que pesa sobre el partido y parte de su cúpula.
Es de reseñar la enorme potencia mediática de Podemos, capaz de alterar el curso informativo con una pintada y convertirla en una amenaza de primer orden contra una familia que por otra parte dispone de una amplia protección policial, tanto en sus desplazamientos como en sus lugares de residencia. El contraste con las amenazas silenciadas que sufren otros políticos es casi pornográfico.
También arrojan un notable contraste las reacciones ante la pintada y las producidas cuando una diputada de Vox recibió una pedrada en la cabeza (Echenique llegó a hablar de ketchup), o cuando mujeres del PP y de Ciudadanos como Cristina Cifuentes, Cayetana Álvarez de Toledo, Begoña Villacís o Inés Arrimadas han sufrido ataques, insultos, zarandeos, escupitajos y empujones que determinadas formaciones, separatistas y la extrema izquierda, han calificado de "libertad de expresión", mientras el PSOE guardaba un ‘respetuoso’ silencio.
Cualquier agresión que sufriera un dirigente o militante de Podemos debería y sería duramente condenada por todos los partidos a los que Podemos considera derecha extrema, de Vox a Ciudadanos pasando por el PP. Y por todos los medios a los que Podemos tiene declarada una guerra sin cuartel, que persigue indisimuladamente el cierre de tales medios. Otra cosa de momento es lo que está ocurriendo con Pablo Iglesias –escrachador de pro en sus tiempos de profesor universitario–, porque ni la pintada ni las imágenes de quienes protestan delante de su chalet en Galapagar tienen nada que ver con los procedimientos importados por Podemos, y que calificaban de "jarabe democrático" cuando los aplicaban sin reparos a los demás. No hay más que ver las imágenes del acoso callejero a Cristina Cifuentes. O las pintadas con amenazas de muerte contra el juez Llarena en Cataluña, las dianas con el nombre de Santiago Abascal o el asedio a Cayetana Álvarez de Toledo en la Universidad Autónoma de Barcelona, por citar sólo unos ejemplos, para darse cuenta de la distancia entre la pintada sufrida por Iglesias y los calvarios padecidos por otros personajes públicos.
Nadie se merece ser hostigado por sus ideas políticas. Por tanto, harían bien en Podemos en rechazar ese activismo político que justifica y practica los escraches, esa manera de entender la política que considera natural que Vox, Ciudadanos o el PP no puedan celebrar actos en determinadas partes de España sin protección policial. Todavía se está a la espera de una condena enfática por parte de Podemos de todos esos hechos. Lo que ha ocurrido por el momento es que quienes menos motivos tienen, más asumen el papel de víctimas.