Nada que objetar al sensato y contundente discurso pronunciado ante el Rey por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, durante la Apertura del Año Judicial. Con todo, es harto dudoso que las encomiables palabras con las que Maza ha garantizado que la Fiscalía actuará de manera "tan firme y enérgica" como sea necesario para que preservar el imperio de la ley y "la patria común e indivisible de todos los españoles"sirvan para evitar que los sediciosos mandatarios regionales de Cataluña vuelvan a perpetrar una ilegal consulta secesionista el próximo 1 de octubre, que –se supone– conllevaría los delitos de desobediencia, prevaricación, usurpación de funciones y malversación de fondos públicos.
Y esto es así por varias razones. En primer lugar porque, a fin de evitar la comisión de nuevos delitos por parte de los golpistas, hubiera sido más sensato y prudente una solución política como la suspensión, parcial o total, temporal o indefinida, de la Administración regional en rebeldía en aplicación del artículo 155 de la Constitución, en vez de esperar a que esos delitos se perpetren para recurrir a la vía penal.
En segundo lugar, porque, aunque sea cierto que las siempre oportunas advertencias de las consecuencias penales que lleva aparejada la comisión de un delito podrían tener un efecto disuasorio y, por tanto, servir para evitarlo, la credibilidad del Estado de Derecho en general y del Ministerio Publico en particular no puede ser menor. Recuérdese que no fue a instancias del Gobierno de Rajoy, sino por iniciativa propia del entonces fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, que se puso en marcha un proceso penal contra Artur Mas y los demás responsables de la consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014. Sin embargo, no hay que olvidar tampoco que, tras los reiterados y contraproducentes intentos del Gobierno de Rajoy por "dialogar" y "negociar" con los imputados por el 9-N, Torres Dulce presentó su dimisión, siendo sustituido por Consuelo Madrigal; momento desde el cual la Fiscalía comenzó a retirar del escrito de acusación, de forma absolutamente vergonzosa y contraria a Derecho, los cargos contra los imputados hasta reducirlos únicamente a los de desobediencia y prevaricación. La cosa acabó con una sentencia injusta que, como aquí mismo se dijo, "ni castiga ni disuade", y por la que se absolvía a Mas y al resto de acusados de todo delito salvo el de desobediencia, por el que se les castigaba a una ridícula pena de dos años de inhabilitación para ejercer cargo público.
A nadie debería haber extrañado, por tanto, que la reacción inmediata de Puigdemont al conocer la sentencia del 9-N fuera reiterar su compromiso de volver a perpetrar otra consulta ilegal.
A lo anterior hay que sumar la desidia y pasividad de la Fiscalía –fiel reflejo de la del Gobierno- ante las no menos ilegales estructuras de Estado que se han venido erigiendo en Cataluña desde 2012 y las clamorosas desobediencias que los golpistas han venido perpetrando, como las que en su día tuvo que poner en evidencia una entidad cívica como Libres e Iguales.
Finalmente, no hay que olvidar el papel de una clase política constituida por un Gobierno que espera a verlas venir; por una formación como Ciudadanos, que sigue sin atreverse a decir cómo pretende que el Gobierno evite el nuevo 9-N, y por un PSOE que hace suyo el delirante e inacabado invento de la nación de naciones, en la que España es, a la vez, parte y todo, y en el que se reconoce el estatus de nación a Galicia, País Vasco y Cataluña, a la espera de que la imaginación identitaria alcance a otras regiones españolas. Eso, por no hablar del resto de la clase política, que, en el fondo y a veces también en la forma, secunda el desafío secesionista del 1-O. Todo ello constituye, en definitiva, una oportunidad demasiado preciosa para los golpistas como para que venga a desbaratarla las advertencias de un fiscal general del Estado, por muy firmes y solemnes que sean.
