Jaume Gelada, concejal del PP en la localidad barcelonesa de Cardedeu, ha tenido que soportar que una yunta de nacionalistas lo fusilara en fechas recientes por espacio de quince minutos en su propio domicilio. "En Cataluña nos están haciendo estas cosas", ha declarado la víctima de ese infame acto de acoso político. "La política de cesiones nos ha traído a esto": a que una colla denominada Trabucaire (sic) y conformada por miembros de organizaciones con amplio historial liberticida como ERC, Òmnium Cultural o las probatasunas CUP se plante ante el domicilio de un representante de la ciudadanía y simule su ejecución.
Este domingo, Juan Carlos Girauta comentaba los demenciales hechos en su cuenta de Twitter de esta manera: "Los fusilamientos simbólicos preceden a los reales". Y enseguida una marabunta nacionalista de la peor especie ha emprendido un auténtico linchamiento virtual contra el europarlamentario catalán. Lejos de amilanarse, Girauta ha seguido retratando a la cáfila secesionista que pretendía ultrajarlo y denunciando a quienes los vienen cebando: "No olvidemos quién ha amasado el odio de los que están deseando deportarnos o fusilarnos. Su Cataluña sería un infierno". Finalmente, y tras agradecer las numerosas muestras de solidaridad que ha recibido, ha afirmado: "Quede claro a los nacionalistas que no les vamos a tolerar más intimidaciones. ¡Libertad!".
Sin lugar a dudas, el nacionalismo trabucaire que acosa a representantes de la ciudadanía como Gelada y Girauta es una auténtica lacra que está causando estragos en la sociedad catalana, a la que más parece odiar que amar, en vista de cómo la maltrata. Es una lacra que hay que combatir con decisión y contundencia, para que no siga medrando con esa impunidad que excita su matonismo y la hace especialmente repugnante.
Dicho combate compete a la ciudadanía, que debe implicarse activamente en el aislamiento social de los liberticidas, y, por supuesto, a las autoridades, que tienen el impostergable deber de velar por la libertad y la seguridad de los propios ciudadanos y sus representantes políticos. Deben hacerlo caiga quien caga; incluso o sobre todo si quienes caen son otras autoridades que permiten o jalean los atentados contra la convivencia.