La extrema izquierda no va siquiera a esperar a la conformación de un nuevo Gobierno del PP para iniciar una larga campaña de movilizaciones y tratar de ganar en la calle lo que no ganado en las urnas. Lo veremos en la concentración liberticida que va a rodear el Congreso el próximo sábado y lo hemos visto este miércoles en la ominosa y sectaria concentración que, coincidiendo con el inicio de la sesión de investidura de Rajoy, ha tenido lugar en la plaza de Neptuno para protestar contra las reválidas contempladas en la Lomce.
No es de extrañar que un colectivo tan vinculado a Podemos, IU y el PSOE como la Plataforma Estatal por la Escuela Pública se brinde a esta campaña de fanática agitación callejera contra el PP; pero no por ello deja de resultar deplorable que estudiantes, padres y sindicatos de docentes se manifiesten contra las pruebas o exámenes externos que la última reforma educativa contempla para el final de las dos etapas de Secundaria (4º de la ESO y de 2º de Bachillerato), como mera vara de medir para que se alcancen los mismos estándares en todos los colegios y, por extensión, en todas las comunidades autónomas, así como para detectar problemas y tratar de solucionarlos.
Precisamente una de las advertencias que de forma más reiterada y clara han venido haciendo los máximos responsables del Informe PISA es que los sistemas educativos en los que se realizan "pruebas estandarizadas y externas" exhiben un mejor rendimiento que aquellos en los que se mide a los estudiantes simplemente "en relación con sus compañeros de clase o colegio".
Está visto, sin embargo, que para cierta izquierda toda medida destinada a mejorar la calidad de la enseñanza y a requerir más esfuerzo y mérito al alumnado es sinónimo de "excluyente elitismo" o incluso de "trasnochado franquismo". Tampoco ha de extrañar que no protesten por el hecho de que España, teniendo un gasto en educación por alumno por encima de la media de la UE-21 y la OCDE, obtenga resultados muy por debajo de la media. Ni por que en varias comunidades autónomas el español haya sido excluido como lengua vehicular de la enseñanza. Por supuesto, a estos sedicentes defensores de la calidad de la enseñanza ni se les pasa por la cabeza demandar que los padres tengan más libertad a la hora de elegir el centro escolar que quieren para sus hijos, ni defienden el valor de la disciplina, que también les resultará franquista pero que resulta ser indispensable para tener un sistema educativo de calidad.
Precisamente los padres que no se pueden permitir pagar un colegio privado a sus hijos deberían ser los primeros interesados en que la educación a cargo del contribuyente –ya sea estatal o concertada– sea sinónimo de excelencia, mérito y esfuerzo, no de mediocridad, incompetencia y fanatismo de la peor especie.