Lo ocurrido este jueves en la Universidad Autónoma de Barcelona es un episodio extremadamente grave, pero por desgracia no resulta en absoluto sorprendente: en muchas partes de España, y en particular en Cataluña, la violencia política se está convirtiendo en algo habitual.
Los escraches que están sufriendo Cayetana Álvarez de Toledo, Maite Pagazaurtundúa, Rocío Monasterio y otros políticos del PP, Cs y Vox no son hechos aislados, sino que forman parte de una forma de hacer política por la que la izquierda y el nacionalismo se creen con el derecho a hacer lo que sea con tal de silenciar al adversario e imponer sus tesis.
Lo que estamos viendo en Cataluña ya lo vimos en el País Vasco, donde el nacionalismo usó métodos aún peores, como los utilizados por la organización terrorista ETA, para silenciar o expulsar a quienes no compartían su ideario liberticida y criminógeno. En efecto, en Cataluña los separatistas quieren intimidar, silenciar y en último término expulsar a los disidentes, que de hecho son la mayoría de la población.
Resulta muy revelador que este tipo de sucesos tengan lugar con repugnante frecuencia en campus universitarios, pero tampoco es motivo de sorpresa: como hemos denunciado en multitud de ocasiones en Libertad Digital, la politización, la endogamia y la no rendición de cuentas han hecho de la Universidad un terreno especialmente propicio para que matones fanatizados, tantas veces conchabados con indecentes autoridades políticas y académicas, campen por sus respetos e impongan su dictadura del miedo. Hay Aulas Magnas que más parecen jaulas en las que, en lugar de conocimientos, se propaga el odio.
Estas bandas de indeseables rebeldes sin causa que practican el fascismo mientras dicen estar combatiéndolo serían un problema menor, prácticamente anecdótico, de no ser por la comprensión, la cobertura e incluso el apoyo que reciben del nacionalismo y de buena parte de la izquierda, así como de los medios progresistas, y por la ominosa dejación de funciones de los Gobiernos pretendidamente constitucionalistas.
Como en su día se demostró en el País Vasco, la aplicación estricta de la ley es la mejor manera de combatir a quienes quieren imponerse por la fuerza y no están dispuestos a respetar las normas mínimas de convivencia.
La mala noticia es Pedro Sánchez, que por supuesto no está dispuesto a poner en graves aprietos a quienes le instalaron en la Moncloa. Por eso es de extrema necesidad que el 28 de abril obtenga en las urnas el pésimo resultado que se merece.