Advertíamos ayer sobre las maniobras de Pedro Sánchez para mangonear a placer en el Poder Judicial, ya evidentes con su nombramiento del magistrado socialista José Manuel Campo como ministro de Justicia. La prueba de fuego, decíamos, iba a ser la elección del nuevo fiscal general del Estado.
Pues bien, una vez más, el Gran Felón ha desbordado las peores expectativas.
La elegida para dirigir a los 2.500 fiscales con que cuenta el país ha sido Dolores Delgado, que no ha dejado fechoría sin perpetrar durante su ominoso paso por el Ministerio de Justicia. La turbia Delgado fue la responsable de rebajar la acusación de la Abogacía del Estado en el juicio contra los golpistas catalanes; con lo que finalmente se excluyó la petición de condena por rebelión para evitarles lo que se merecían, dada la gravedad del delito que habían cometido: largas penas de cárcel. El encargado de formular dicha acusación, Edmundo Bal, actualmente diputado de Ciudadanos, fue destituido de manera fulminante por no someterse a la infame orden de la tóxica ministra.
Delgado es también de sobra conocida por sus reuniones non sanctas con el excomisario José Manuel Villarejo, actualmente en prisión por su vinculación con las cloacas del Estado; reuniones sórdidas durante las cuales la secuaz de Sánchez llamaba "maricón" a Fernando Grande-Marlaska y afirmaba que ella, campeona feminista, prefería "tribunales de tíos".
Delgado, íntima del condenado exjuez Baltasar Garzón, ostenta el dudoso récord de haber sido objeto de reprobación por el Parlamento en tres ocasiones, a pesar de que solo se ha desempeñado como ministra durante un año y medio. La última de ellas tuvo su origen en su repugnante negativa a ofrecer amparo al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena cuando más arreciaban los ataques del separatismo contra su persona y su entorno por haber reclamado la extradición del golpista prófugo Carles Puigdemont.
La turbia Delgado será, sí, quien lleve las riendas del Ministerio Público en las importantes decisiones que todavía han de adoptarse en relación con el procés liberticida, empezando por las que tienen que ver con la suelta de los golpistas presos. Sánchez se asegura así el respaldo de la Fiscalía a todas sus cesiones ante los separatistas.
El nombramiento de Delgado ha sumido en el "estupor" y la "preocupación" al estamento judicial, y es que nunca, ningún Gobierno –ni siquiera el de aquel PSOE de González y Guerra que se jactaba de haber entrerrado a Montesquieu– atentó de manera tan obscena contra el principio de separación de poderes, esencial para la pervivencia de una democracia liberal digna de tal nombre.
Este Gobierno es un gran problema, de hecho una amenaza de primer orden para el orden constitucional que sus integrantes se han comprometido, con gran indecencia, a respetar y proteger.