A nadie debería sorprender a estas alturas saber que el ilegal proceso secesionista, oficialmente iniciado en la Diada de 2012 y bajo el que tuvieron lugar las consultas del 9 de noviembre de 2014 y del 1 de octubre de 2017, fue financiado con dinero público. El hecho de que el Gobierno de Rajoy auxiliara desde el primer momento a la Administración golpista a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), a pesar de sus públicas y acreditadas pretensiones inconstitucionales y su continuado delito de malversación de fondos públicos, era justificado por el Ejecutivo del PP –sin la menor critica por parte de ningún partido de la oposición– como una forma de evitar la suspensión de pagos de la autonomía más endeudada y de garantizar que los ciudadanos catalanes no se resintieran en servicios tan esenciales como la sanidad o la subvención de productos farmacéuticos.
De esta forma, sin embargo, el Gobierno central financiaba, de manera indirecta e involuntaria pero absolutamente decisiva, el procés, por cuanto venía a cubrir los agujeros que dejaba el desvío de fondos propios de la Generalidad destinados a cosas tales como la creación de un Consejo Asesor para la Transición, la subvención a entidades separatistas, la apertura de embajadas catalanas en el extranjero, la financiación de una radiotelevisión pública al servicio de la sedición o la de los propios referendos de 2014 y 2017.
Ahora se ha sabido que los mandatarios catalanes utilizaron directamente parte de los fondos del FLA para pagar –junto con fondos de la propia Generalidad– la consulta del 1-O. Aunque a efectos del delito de malversación resulta irrelevante que los fondos públicos provengan de una Administración u otra, lo que deja de relieve esta noticia es hasta qué punto el Gobierno central –y el ministro de Hacienda muy en particular– tiene en este asunto una tremenda responsabilidad in vigilando. Recuérdese que Montoro, hasta una fecha tan próxima al 1-O como el 31 de agosto, tuvo la desfachatez de afirmar rotundamente que la Generalidad no había gastado "ni un euro público en el referéndum", para poco después asumir, supuestamente, el control directo de los fondos de la Generalidad.
No es lo más grave en la noticia que ha publicado El País citando fuentes próximas a la investigación judicial por el 1-O. Sino el hecho de que el descubrimiento de esos tres millones de euros procedentes del Estado y desviados al proceso separatista lo han desvelado los papeles –30 cajas llenas de documentos en un furgón– que los Mossos d’Esquadra se disponían a quemar en una incineradora de la ciudad barcelonesa de Sant Adrià de Besòs, documentos que fueron interceptados por agentes de la Policía Nacional.
Resulta increíble que los agentes de la Policía autonómica no fueran conscientes de la naturaleza de los documentos que se les ordenó destruir, por lo que cabría exigir una investigación destinada a averiguar su responsabilidad en ese delito de encubrimiento y destrucción de pruebas. Con todo, nada es comparable con la responsabilidad de los delincuentes que estaban a su mando y que ostentaban la máxima representación del Estado en Cataluña gracias a la irresponsable renuencia del Gobierno y de la clase política, que no se dispusieron a suspenderlos en el cargo en aplicación del artículo 155 de la Constitución hasta que los golpistas terminaron de perpetrar todos los delitos que con tanta antelación habían anunciado, incluida la declaración de independencia de Cataluña.
Lo peor es que la tan tardía aplicación del 155 sólo ha tenido como objetivo una nueva y precipitada convocatoria electoral que va devolver el poder a las mismas formaciones secesionistas que perpetraron el golpe. Qué grotesco espectáculo.
