Buena parte de la izquierda de nuestro país no sólo se cree que tiene el monopolio de la sensibilidad social, sino que explota la dramática situación que sufren muchísimas familias sin acceso a la vivienda como forma de colar supuestas soluciones tales como las expropiaciones, las sanciones a propietarios de viviendas vacías o las okupaciones, que, lejos de serlo, no vienen sino a agravar el problema mediante el debilitamiento de los derechos de propiedad y la seguridad jurídica.
Es evidente, para empezar, que unas medidas erróneas o contraproducentes como las antes descritas no dejarán de serlo por mucho que se tome conciencia de la la gravedad del problema que supuestamente tratan de solucionar. Con todo, lo más escandaloso en el caso de la Corrala Utopía de Sevilla es que los okupas que de forma tan sumamente irregular han sido realojados por la consejera andaluza de Fomento, Elena Cortés, estaban en mucha mejor situación económica que muchas familias que siguen a la espera de una vivienda social. Como hemos señalado, la Corrala Utopía no es un mero grupo de familias desamparadas que de forma espontánea decidió okupar un edificio sin más, sino una iniciativa perfectamente organizada a través de diversas plataformas de marcado perfil político.
Así, no fue casualidad que las primeras familias que okuparon el edificio perteneciente a Ibercaja entraran el 16 de mayo de 2012, coincidiendo con el primer aniversario del 15-M. La okupación fue guiada, desde el principio, por miembros de dicha plataforma a través del Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda, formado por grupos ligados a la extrema izquierda como Stop Desahucios, Plataformas de Afectados por la Hipoteca y Comisiones del 15-M de Vivienda.
Al margen de sus vínculos organizativos con IU, el hecho de que los beneficiarios del realojamiento no pertenecieran a familias especialmente vulnerables -algunos de ellos tienen trabajo y otros habían rechazado previamente el realojo en otros pisos- demuestra que la consejera ultraizquierdista ha preferido hacer demagogia política antes que atender de verdad las necesidades de personas con verdadero riesgo de exclusión social.
Esta clamorosa irregularidad en la adjudicación de viviendas públicas no sólo debería conllevar responsabilidades políticas, también penales, habida cuenta de que se habría obviado el orden de prioridad establecido por la ley, lo que constituiría un claro delito de prevaricación.
Esta visto, sin embargo, que nadie va a asumir responsabilidades de ningún tipo por este escándalo gravísimo: la presidenta andaluza, Susana Díaz, ha demostrado que prefiere seguir contando con el apoyo de los comunistas antes que "recuperar la normalidad legal", a la que se refería hace escasos días. Así, no sólo no ha destituido a la consejera de Fomento, sino que le ha devuelto las competencias en la adjudicación de viviendas que previa y fugazmente le había retirado. Bienvenidos sean estos privilegiados okupas si con ellos se sigue ocupando la presidencia de la Junta, parece ser la guía de Díaz. Y aún pretende ser tomada como un político renovador y con futuro.