Las declaraciones de los testigos que han declarado en el juicio por la ilegal "consulta", "proceso participativo" o "referéndum" del 9-N han tumbado –todos ellos– la cínica y hasta cierto punto novedosa estrategia de defensa de los procesados, según la cual la organización de las votaciones, tras la suspensión del TC, quedaba en manos de voluntarios, por lo que la Administración regional catalana no tomó ninguna decisión relacionada con las votaciones.
Los inspectores de educación han descrito con gran precisión las presiones de los cargos del Departamento de Enseñanza, dirigido entonces por Irene Rigau, a los directores de instituto, y también muy elocuente ha sido la confesión del exdirector de Telecomunicaciones y Tecnologías del Gobierno autonómico de que no recibió ninguna orden de sus superiores para cancelar la página web de la Generalidad sobre el "proceso participativo" anulado por el Constitucional.
Paradójicamente, no menos letal para la estrategia de la defensa ha sido el testimonio del exconsejero Francesc Homs, que ha remarcado que, tras analizar la resolución del TC, informó al Gobierno regional de que no incumplían "ninguna irregularidad" ni incurrían en un "tipo penal", por lo que apareció ante los medios de comunicación para anunciar que la Generalidad mantenía el "proceso participativo".
Lo cierto es que pocas veces un delito ha tenido tantos testigos como el de desobediencia perpetrado en Cataluña el 9 de noviembre de 2014. De hecho, la del 9-N fue una desobediencia televisada, por lo que todos los españoles pudieron contemplar cómo lo que el TC había prohibido y el Gobierno de Rajoy había asegurado que no se iba a producir se producía.
Por otra parte, la voluntad de los acusados de desobedecer cuanto entorpeciera el proceso secesionista siempre fue manifiesta, tanto entonces como ya en 2012, cuando el presidente de la Generalidad afirmó públicamente: "No nos pararán ni tribunales ni constituciones". Y para qué recordar la posterior resolución de desconexión aprobada por el Parlamento autonómico, ya con Puigdemont al frente de la Generalidad, en la que se declaraba "solemnemente" el inicio del "proceso de creación del Estado catalán en forma de República" y se hacía un compromiso explícito de "no supeditarse a las decisiones de las instituciones del Estado español, especialmente del Tribunal Constitucional".
Sólo un apaño entre quienes no hicieron cumplir la ley y los secesionistas que las vienen violando desde antes incluso del 9-N puede absolver a quienes han hecho de la desobediencia al ordenamiento jurídico y a la Constitución su principal compromiso político.