El empecinamiento de la Generalidad catalana en contra del cumplimiento de las sentencias y los autos a favor del castellano en las escuelas debería haber provocado actuaciones legales hace ya mucho tiempo, desde la ya lejana época en la que Pujol implantó el tortuoso experimento de ingeniería social conocido como "inmersión lingüística". Sin embargo, la ausencia absoluta de reacciones más allá de las declarativas ante los constantes desafíos al Estado de Pujol primero, del tripartito después y ahora de Artur Mas, ha generado un ambiente de impunidad absoluta que, al parecer, exime a las autoridades catalanas del acatamiento judicial e incluso presentarse ante la sociedad como víctimas de un supuesto acoso centralista a sus elementos identitarios
El desprecio de los dirigentes nacionalistas al Estado, a los jueces y, lo que es aún más sustantivo, al derecho de los padres y de los escolares a recibir una educación que incluya el español en sus estudios es la verdadera seña de identidad de esa clase política, cuya ostentación del desacato evidencia su escasa, por no decir nula, altura moral. La Generalidad se ha situado notoriamente al margen de la ley, pero no es previsible que ni el PSOE, cómplice del intento de eliminación de todo lo que suene a España en Cataluña, ni el PP puedan forzar la reintroducción del castellano en la educación pública catalana. Como es sabido, la mayoría de los políticos de esa región y con especial intensidad quienes más defienden dicha inmersión, llevan a sus hijos a colegios privados, donde pueden estudiar también en el idioma común de los españoles sin que ello menoscabe sus competencias en catalán. El resto de niños es objeto de una discriminación intolerable, pero que se prolonga ya por espacio de tres décadas al calor de un sistema electoral que hace de los nacionalistas una fuerza imprescindible para la gobernación de España.
Sólo una mayoría absoluta del PP o un pacto de este partido con fuerzas declaradamente antinacionalistas como la formación de Rosa Díez o Ciutadans en Cataluña podría subvertir una situación que ha llevado a la enseñanza en Cataluña a un estado comatoso, con valoraciones escalofriantes en los informes Pisa, incluso por debajo de la media española. Sin embargo, eso es lo de menos para la mayoría de los políticos catalanes y para un gran porcentaje de profesores, cuya función lejos de preservar el catalán consiste en frenar cualquier conato de reintroducción del castellano. Ya el año pasado se negaron a aplicar la tercera hora en español que exigió el Supremo. Y ahora, se chotean de un auto cuya única finalidad es que quien así lo desee pueda procurar a sus hijos una educación pública de una cierta calidad o, al menos, que no desprecie el idioma que hablan más de cuatrocientos millones de personas en todo el mundo.