Las grandes redes sociales se vienen dedicando desde hace tiempo a promover las ideas izquierdistas y censurar a los defensores de principios liberales o conservadores bajo el pretexto de eliminar los contenidos peligrosos (¿peligrosos para quién?) o de velar por la veracidad de los mensajes que se difunden. Los gigantes tecnológicos ya conocidos por las siglas GAFAT (Google, Amazon, Facebook, Apple y Twitter) toleran todo tipo de mensajes violentos de grupos izquierdistas y gobiernos totalitarios, mientras censuran contenidos contrarios perfectamente razonables y expulsan de la red a sus autores por no ajustarse a la agenda progresista que todos ellos defienden.
El patrón, suficientemente conocido, se ha aplicado con mucha más rapidez con motivo del execrable asalto al capitolio estadounidense, saldado con cuatro muertos y decenas de detenciones. La torpeza y el histrionismo de Donald Trump dieron alas a sus fieles más radicales y sirvieron en bandeja el pretexto para que las grandes tecnológicas, convertidas en un verdadero cártel ideológico, hayan llegado al extremo impensable de suspender los canales de comunicación social del todavía presidente de los Estados Unidos.
En Libertad Digital hemos realizado un amplio despliegue analítico para desentrañar las claves de esta lucha por la libertad de expresión en un contexto digital, que sobrepasa ampliamente el marco de relaciones sociales conocido hasta ahora en el mundo libre.
Una de las conclusiones más evidentes es que urge clarificar el papel de los gigantes tecnológicos, bien como proveedores de contenidos y, por tanto, responsables de ellos, bien como plataformas tecnológicas que permiten simplemente la comunicación entre usuarios y, en consecuencia, no pueden responsabilizarse de lo que sus clientes se comuniquen entre sí. En otras palabras, o son medios de comunicación o compañías asimilables a las empresas de telefonía y no como hasta ahora, que utilizan uno u otro marchamo para abusar de sus prerrogativas con total impunidad.
En todo caso, lo que no puede admitirse es que sigan actuando indefinidamente como censores absolutos de la sociedad para favorecer la agenda ideológica de sus dirigentes y hacer el trabajo sucio a una izquierda que, solo en este caso concreto, defiende a capa y espada la iniciativa privada.