Las primeras palabras de la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, sobre Cataluña no por esperadas resultan menos preocupantes. La dirigente nacionalista del PSC ha apostado por una reforma constitucional y legislativa que recupere los artículos del estatuto regional de Cataluña corregidos o anulados por el Tribunal Constitucional, en la falsa creencia de que la actuación del Alto Tribunal en esta cuestión fue el detonante del golpe de Estado separatista, que ha sumido al Principado en una crisis de extraordinaria gravedad.
Ni la sentencia del TC fue la causa del procés liberticida que desembocó en el ominoso 1 de Octubre, ni el Gobierno puede retorcer un fallo del Alto Tribunal para contentar a las fuerzas separatistas a fin de conservar su apoyo en el Parlamento de la nación.
Frente a las temerarias declaraciones de la desconfiable Batet se ha alzado la voz de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha aportado algo de sensatez al simulacro de debate que se vive en el PSOE afirmando que lo sucedido en Cataluña es "una del las páginas más negras de la democracia".
Pedro Sánchez juega a la ambigüedad con un asunto de extrema gravedad, de hecho el principal desafío para la democracia. Prisionero de sus pactos antinatura para llegar a la Moncloa, el presidente del Gobierno no puede trasladar sus problemas políticos a los españoles planteando reformas constitucionales contrarias al interés común y que, además, necesitan de un acuerdo político por fortuna imposible de alcanzar.
Es imperativo que el Gobierno actúe con firmeza y hable con una sola voz ante el desafío liberticida de los separatistas, en vez de excitarles el fanatismo con declaraciones impresentables como las de la nacionalista Batet. Pedro Sánchez debe poner orden entre sus ministros y apostar con firmeza por la tesis constitucionalista y de respeto a las leyes defendida por Robles.