Con disparatados argumentos como el de que "no se puede equiparar la violencia con el uso de la fuerza" a la hora de perpetrar un delito, o el de que la violencia empleada por el delincuente, para ser considerada como tal, ha de ser "suficiente y proporcionada" para el fin perseguido, la Abogacía del Estado ha confirmado su bochornosa negativa a acusar a los golpistas del 1-O de un delito de rebelión –frente a lo que sí que ha hecho la Fiscalía–, acusándolos en su lugar de sedición, penado con mucha menos severidad.
Resulta surrealista que la representante del Gobierno contraponga la "violencia" al "uso de la fuerza", cuando la comisión violenta de un delito implica, precisamente, el uso de la fuerza. No menos alucinante es su consideración de que la violencia registrada en el 1-O "no tenía entidad suficiente" para que los acusados alcanzaran sus metas. Y lo es por varios motivos. En primer lugar, porque el hecho de que el delincuente no obtenga lo que pretendía nada dice sobre si empleó la violencia a la hora de cometer el delito. Y segundo porque, siendo obvio que los golpistas no lograron el reconocimiento de iure para su referéndum y su posterior declaración unilateral de independencia, lo cierto es que celebraron la votación y proclamaron la independencia de Cataluña desde la más radical ilegalidad.
Lamentablemente, a nadie debería sorprender que la Abogacía del Estado haya fungido de correa de transmisión de un Pedro Sánchez que cuando se encaramó a la presidencia del Gobierno dejó de ver en el golpe de Estado secesionista el delito de rebelión que sí viera antes de acceder a la Moncloa... de la mano de los separatistas. Eso, por no recordar la escandalosa defenestración del abogado de Estado Edmundo Bal tras negarse a firmar el primer escrito de acusación, en el que no se hacía una sola referencia a la violencia, mientras que en el de la Fiscalía se la mencionaba en más de veinte ocasiones. Si la abogada general del Estado, Consuelo Castro, destituyó a Bal por negarse a firmar el referido escrito, cómo extrañarse de que la sustituta de Bal, Rosa María Seoane, haya tratado de ocultar o de quitar gravedad a los actos de violencia del 1-O, de los que en el juicio se han dado sobradas pruebas y testimonios.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado son organismos dependientes del Gobierno; pero mientras el fiscal Javier Zaragoza ha mostrado independencia de criterio frente al Ejecutivo, las abogadas del Estado Castro y Soane han quedado como meras lacayas de un Gobierno tan condescendiente que incluso baraja la posibilidad de indultar a los golpistas.
Y es que, desgraciadamente, Sánchez está más preocupado por sus alianzas de gobierno que por velar por el imperio de la Ley.