Como era de esperar, los ultras empotrados en el Gobierno presionan a un Pedro Sánchez Sánchez más que dispuesto a dejarse presionar para que indulte a los separatistas presos por la jornada sediciosa del 1-O. Sería ésta una nueva genuflexión de la izquierda ante unas fuerzas que llevan décadas esquilmando y sojuzgando a los catalanes más desfavorecidos, a los que esos izquierdistas de mansión y latisueldo dicen representar.
Con los indultos a los sediciosos en el horizonte, el Gobierno maniobra con la golpista ERC para poner en marcha simultáneamente la rocambolesca mesa de negociación con la Generalidad, acordada de manera infamante por Sánchez en diciembre de 2018 para amarrar el apoyo separatista a sus primeros Presupuestos.
Las fuerzas sediciosas van tan sobradas que hasta especulan con sentar a esa mesa de negociación a Junqueras y a Sánchez, imagen por otra parte muy ajustada a la realidad.
Con Junqueras o sin él, lo cierto es que el Gobierno está dispuesto a una nueva claudicación ante los separatistas para ganar tiempo y tratar de agotar la legislatura. Los podemarras aparecen aquí como un elemento estratégico de fuste, al ofrecerse gratuitamente a soportar el desgaste que los indultos acarrearían al Gobierno ante la opinión pública. En última instancia, los chavistas nunca han ocultado sus conexiones con las fuerzas separatistas, con las cuales comparten el odio a España y al régimen de libertades sancionado por la Constitución.
Como cada vez que está en riesgo la estabilidad política de la Nación, la izquierda se pone de parte de los que trabajan para su destrucción. Ahora lo hace desde el Gobierno, lo que deteriora gravemente la imagen internacional de España y agrava las consecuencias de unas cesiones con una muy complicada vuelta atrás.