La visita del comunista Pablo Iglesias al golpista Oriol Junqueras en la cárcel pabloescobarizada de Lledoners no fue una mera anécdota ni un suceso menor enmarcable en el oportunismo propio de un líder político al uso. Al contrario, la entrevista de la vergüenza forma parte de una estrategia de largo aliento tremendamente perjudicial para España y sumamente beneficiosa tanto para el acaudalado esbirro de los ayatolás iraníes como para sus aliados supremacistas empeñados en la secesión de Cataluña. Y, por supuesto, para el arribista Pedro Sánchez, que debe su inmerecida Presidencia del Gobierno a unos y otros, es decir, a las peores amenazas que tienen planteados España y su Estado de Derecho.
Iglesias quiere que los nacionalistas catalanes y vascos le aprueben a su socio Sánchez los Presupuestos de 2019. A cambio, el cabecilla bolivariano hace de intermediario ante el inverosímil doctor socialista para que el respaldo nacionalista a esas cuentas calamitosas se traduzca en un trato judicial favorable a los golpistas presos y en nuevas concesiones al PNV, que nunca deja pasar la miserable ocasión de recoger las nueces de los árboles que sacuden otros liberticidas.
Pese a las indignantes protestas en contrario, en esta estrategia está implicado de hoz y coz el Gobierno Sánchez, sin cuyo consentimiento nada de esto tendría lugar, especialmente el episodio carcelario de Iglesias-Junqueras. Habría bastado una desautorización formal del doctor Sánchez para desactivar la formidable mamarrachada del felón Iglesias. En su lugar, los socialistas solo han evacuado jeremiadas harto grotescas de que el bolivariano va por libre, algo que ni siquiera sus votantes más fanatizados pueden considerar con una mínima seriedad.
La ignominia es absoluta y la ilegitimidad de Sánchez, insoportable. Un Gobierno que negocia la subida de las pensiones o la política fiscal con golpistas presos es una vergüenza colectiva y un grave problema para la Nación.