El feminismo radical que, hoy por hoy, monopoliza el debate mediático, político y social no es flor de un día, sino que responde a una estudiada y muy bien financiada estrategia nacida de la izquierda a costa del bolsillo del contribuyente. Las medidas de discriminación positiva, que vulneran el principio esencial de igualdad ante la ley, las cuotas por razón de género, que priman el sexo del colectivo en lugar del mérito de la persona, la indefensión ante la Justicia o la aberrante criminalización del hombre, al que las feministas acusan de ser un violador y asesino en potencia, han ido impregnando, poco a poco, la sociedad española, hasta el punto de lograr buena parte de sus objetivos, como bien demuestra la Ley de Violencia de Género aprobada por Zapatero en 2004 o las diferentes y muy diversas "políticas de igualdad" desarrolladas desde entonces.
Es lo que se conoce, comúnmente, como "ideología de género". Tras la caída del Muro de Berlín y el incontestable fracaso, una vez más, del comunismo, la izquierda tuvo que reinventarse y de esa particular reconversión ideológica surgieron movimientos tales como el ecologismo o el feminismo de cuarta ola, en donde ya no se persigue la igualdad formal ante la ley de hombres y mujeres, logro alcanzado hace décadas en el mundo civilizado, sino la discriminación jurídica y el adoctrinamiento sectario con el único fin de dividir y enfrenar a la sociedad para imponer sus postulados.
Sin embargo, una corriente de tal naturaleza necesita de abundante dinero para difundir su mensaje y, de este modo, ir conquistando cotas de poder. Aprovechando el maltrato y los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, la ideología de género ha ido construyendo un relato, el del imaginario heteropatriarcado opresor, por el cual la izquierda ha logrado desviar miles de millones de euros hacia su particular causa, creando así una red clientelar cuyo tamaño no deja de crecer año tras año al amparo del maná público.
El caso de Andalucía es paradigmático, ya que sus políticas de género, regadas convenientemente con subvenciones millonarias, dan cobijo a más de 2.000 asociaciones y federaciones de mujeres, con cerca de 270.000 asociadas, dedicadas a adoctrinar y difundir su ideario. Este chiringuito vive por y para el negocio feminista, puesto que la inmensa mayoría de este dinero público no se destina realmente a proteger y asistir a las víctimas de maltrato, sino que sirven para alimentar nuevas burocracias políticas y asociativas de un marcado perfil ideológico. Al igual que los ecologistas se nutren del alarmismo climático y el catastrofismo medioambiental para conseguir recursos, las feministas de nuevo cuño, convertidas en una especie de odiadoras profesionales, blanden la bandera de la "igualdad real" y la "violencia de género" para vivir del cuento a costa, eso sí, del esfuerzo y el honrado trabajo de millones de contribuyentes que, pese a no comulgar con sus abyectos postulados, se ven obligados a financiar su proyecto político vía impuestos.
La irrupción de VOX en el tablero de juego tras su entrada en el Parlamento andaluz ya ha conseguido, al menos, que se abra un debate que permanecía cerrado a cal y canto por el candado de lo políticamente correcto. La Ley de Violencia de Género contiene, sin duda, graves errores y excesos jurídicos que deberían ser corregidos cuanto antes, pero también hay que erradicar la nueva administración paralela que vive de parasitar el presupuesto público bajo la causa feminista.