El Ministerio del Interior dio a conocer ayer las subvenciones a los partidos políticos "para gastos de funcionamiento" correspondientes al segundo trimestre del año, que en total ascienden a más de 16 millones de euros para ese corto periodo. No son por desgracia las únicas ayudas públicas que reciben las formaciones políticas con presencia parlamentaria. Por asombroso que pueda parecer a los ciudadanos que, impotentes, han de financiarlos con sus impuestos, los partidos políticos españoles se incautan de fondos públicos por los siguientes conceptos:
1.- Subvenciones para "el funcionamiento" de sus estructuras, concedidas a nivel nacional
2.- Subvenciones para los gastos electorales cada vez que se convocan unos comicios en cualquier ámbito territorial.
3.- Subvenciones para campañas de propaganda en el caso de que se convoque un referéndum.
4.- Subvenciones para "el funcionamiento" de las formaciones regionales de cada partido, concedidas por las respectivas comunidades autónomas.
5.- Subvenciones que eventualmente puedan tramitar para los fines más diversos las Cortes Generales, las Asambleas de las comunidades autónomas o las corporaciones locales.
La única nota común de estas cinco líneas de subvenciones que nutren las finanzas de los partidos políticos con presencia en cualquier cámara legislativa es que, en todos los casos, el dinero procede del bolsillo de los contribuyentes, un agravio incalificable en unos momentos en que las exacciones fiscales impuestas por el Gobierno, con el apoyo de la mayoría de esos mismos partidos, están alcanzando niveles prácticamente confiscatorios para todos los ciudadanos.
Esta financiación pública de unas corporaciones privadas como los partidos, que con carácter obligatorio hemos de asumir los contribuyentes al margen de nuestras preferencias, no es, al contrario de lo que sugieren los políticos cuando hablan de este asunto, un mandato constitucional. La Constitución Española reconoce a los partidos políticos como el instrumento fundamental para la participación política, pero en ningún caso establece, ni siquiera como mera sugerencia, que estos hayan de financiarse con el dinero previamente incautado a los ciudadanos. El único sustento legal a esta regalía de fondos públicos que los partidos se adjudican a sí mismos es la Ley Orgánica 8/2007 de financiación de los partidos políticos, que a su vez sustituye a la anterior norma dictada veinte años antes, por lo que la supresión inmediata de este latrocinio al ciudadano ni siquiera supondría una reforma constitucional, sino tan sólo la modificación de esa ley en el Parlamento a través de la correspondiente mayoría cualificada.
La afrenta a los contribuyentes es todavía mayor si nos atenemos a la supuesta reducción de fondos públicos que el Gobierno anunció para las subvenciones a partidos y sindicatos. Sólo hay que comparar las partidas de gasto correspondientes a los Presupuestos Generales del Estado para comprobar que su dotación ha pasado de 131,1 millones en 2011 a los actuales 113,8 millones, con lo que la disminución no ha sido la anunciada del 20 por ciento sino tan sólo de un 13, salvo que el Ministerio del Interior decida dejar como remanente ese siete por ciento restante al objeto de cumplir con lo que en su día nos anunció.
Sin mandato constitucional que lo justifique y en una situación económica de extrema gravedad, no hay razón para seguir soportando que los partidos políticos vivan a costa del bolsillo de los ciudadanos. Deben financiarse con las cuotas de sus afiliados y las aportaciones voluntarias de quienes así lo consideren oportuno y deben empezar a hacerlo de manera inmediata.
Ya es suficientemente grave que la casta política se niegue a reducir sus prebendas institucionales aunque ello nos lleve a la ruina, como para que también sus víctimas tengamos que pagar el mantenimiento de las estructuras partidistas en las que medra su particular soldadesca agradecida y la legión de asesores privados, algunos bien conocidos, cuyos enormes sueldos pagamos también todos los españoles, queramos o no.
Por dignidad democrática, fuera todos los partidos políticos del presupuesto público. Cuanto más lejos, mejor.