Cuando la serie de errores de gestión es tan larga como la que este Gobierno está encadenando con motivo de la pandemia del coronavirus, las consecuencias políticas han de ser igual de graves: a estas alturas ni Pedro Sánchez ni prácticamente ninguno de sus ministros debería formar parte del Ejecutivo.
Como además muchos de esos errores tienen su origen en una negligencia escandalosa, en la relegación del bien común en beneficio de la propaganda oficialista, en el desprecio a unos profesionales sanitarios que podrían haber aportado un asesoramieno valiosísimo y a los que, para indignante colmo, se ha colocado en situaciones de riesgo calamitosas, urge recurrir también al ámbito judicial, pues las consecuencias son ya irreparables para al menos 22.157 personas.
En primer lugar, el Gobierno social-comunista sacrificó la seguridad sanitaria de todo el país en el altar de sus manifestaciones repulsivamente sectarias del 8-M, y después ha venido gestionando la hecatombe con una arrogancia solo comparable a su incapacidad, sin escuchar a nadie que no estuviera dispuesto a plegarse a los mantras monclovitas, amordazando a las voces críticas y condenando a miles de profesionales sanitarios a trabajar en unas condiciones imposibles que les ponían en riesgo y ponían en riesgo a la población en general.
Así las cosas, no es de extrañar que cada vez más damnificados –de hecho, a fin de cuentas, es toda la sociedad la damnificada– estén planteándose acudir a los tribunales en busca de justicia.
No puede salirle gratis esta catástrofe a este Gobierno infame: lo que no hizo en su momento y lo que ha hecho tan mal después, así como sus prácticas groseramente autoritarias y su brutal labor desestabilizadora de instituciones esenciales como el Parlamento y la Corona.
Justicia perseguirás. El daño colosal que están causando, lo han de pagar. En los tribunales y en las urnas.