Dicen que una Justicia lenta no es justa y que para la Justicia es tan importante que una sentencia no absuelvan a un culpable como que lo castigue con proporcionalidad. Aparte de la tardanza, lo que más llama la atención de la sentencia sobre la denominada primera época del caso Gürtel, entre 1999 y 2005, es la extrema severidad con la que han sido castigados los principales acusados.
Aunque parece bastante acreditada la forma en que Bárcenas y compañía amañaron contratos y perpetraron delitos económicos, resulta harto sorprendente que el extesorero del PP sea castigado a 33 años de cárcel, su mujer a 15 y Francisco Correa, pese a su colaboración con la Justicia, nada menos que a 51, pena superior a la que se impuso al etarra Txapote por el secuestro, tortura y asesinato de Miguel Ángel Blanco o a la que recibió José Bretón por matar a sus hijos pequeños y quemar sus restos en una hoguera.
Esta sentencia, debida a los muy progresistas magistrados José Ricardo de Prada y Julio de Diego, no resiste la comparación con las de casos similares, como el del Palau, donde la pena más alta fue de 9 años –para Félix Millet–, o el de Filesa, donde las principales condenas fueron de 11 años (al socialista Carlos Navarro), tres (al también socialista Josep Maria Sala) y 10( a los dueños de Filesa, Luis Oliveró y Alberto Flores).
No menos destacable es que el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, haya dictado un voto particular en el que discrepa en varios puntos cruciales de la sentencia, entre ellos el referido a la condena contra el PP como partícipe a título lucrativo.
En cualquier caso, lo que está probado es la existencia de una trama de corrupción vinculada al PP, cuyo epicentro era Correa, que permitió durante al menos diez años el enriquecimiento personal de cargos del partido mediante el amaño de adjudicaciones públicas, el soborno a autoridades y funcionarios y el apoderamiento directo de fondos de Administraciones municipales y autonómicas.
Es lógico que una sentencia de estas características reanime las peticiones de dimisión de Mariano Rajoy, dada la innegable responsabilidad in vigilando de quien fue vicesecretario del PP hasta 2003, en que primero pasó a ser secretario general y, al año siguiente, presidente.
Con todo, resulta execrable la campaña de difamación orquestada por la turbia formación neocomunista Podemos, que trata de "mafia" y "organización criminal" al PP sin tener siquiera en cuenta no ya el voto discrepante del presidente del tribunal, sino el hecho de que la sentencia misma condena al PP como "partícipe a título lucrativo", figura que alude a la persona física o jurídica que, pudiendo haberse beneficiado del delito, ni lo conocía ni participaba en el mismo.
También en el terreno de la exageración oportunista cabe situar la moción de censura del PSOE. Una cosa es que Rajoy dimita y convoque nuevas elecciones –lo que sería exigible fundamentalmente por su desempeño como gobernante– y otra muy distinta desbancar al presidente por algo que sucedió hace quince años e instalar un Ejecutivo de la peor izquierda sin pasar por las urnas.
España necesita nuevas elecciones, pero no numeritos circenses, por mucho que se disfracen de lucha contra la corrupción.
