El Gobierno social-comunista no se cansa de castigar a la Comunidad de Madrid por haber optado sus ciudadanos de forma tan mayoritaria por formaciones liberal-conservadoras como el PP de Isabel Díaz Ayuso y Vox. Ahora bien, a pesar de ese maltrato institucional, Madrid es una de las comunidades más prósperas, vanguardistas y generadoras de empleo, gracias a unas políticas que ponen el foco en la libertad del ciudadano, es decir, antagónicas de las que perpetra la banda de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.
Por supuesto, la prosperidad que genera esa isla de libertad y refugio fiscal que, en términos relativos, representa Madrid, frente al infierno intervencionista y fiscal que sufren otras regiones de España, no da derecho al Gobierno liberticida de Sánchez y Díaz a un maltrato como el que subyace al último reparto de fondos europeos, en el que Madrid ha salido muy perjudicada frente a comunidades gobernadas por socialistas como Valencia, Navarra y Extremadura. En este sentido, el Ministerio de Trabajo acometió en agosto una distribución de los fondos europeos –ya de por sí lesiva para Madrid– según los acuerdos alcanzados en la conferencia sectorial correspondiente; acuerdos que –para colmo– no se cumplieron cuando, en octubre, el Consejo de Ministros asignó ayudas al margen de los procedimientos y del reparto aprobado.
Como llueve sobre mojado, no es de extrañar que la presidenta de la Comunidad de Madrid haya dado un golpe en la mesa y presentado un recurso ante el Tribunal Supremo. Ciertamente, una cosa es que el Gobierno de Sánchez y Díaz sea el máximo responsable del reparto de los fondos que recibe de la UE el Reino de España y otra muy distinta que eso le dé derecho a distribuirlos de forma totalmente arbitraria, sin un mínimo control y sin la menor transparencia, algo que, además de nuestras leyes, veta expresamente la propia Comisión Europea.
A este respecto, conviene destacar que la Consejería de Hacienda madrileña ya envió una misiva el pasado 22 de octubre a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo exigiendo explicaciones, sin que hasta la fecha, según asegura el consejero Javier Fernández-Lasquetti, haya recibido respuesta.
No faltarán quienes, ante este recurso ante el TS, salgan con la cantinela de que "no hay que judicializar la política", recurrente coletilla de los que creen que la actividad política da derecho a vulnerar la ley y las nomas. Sin embargo, recurrir a los tribunales, más que un derecho, es una obligación democrática cuando la política vulnera las normas, tal y como sucede con este reparto de fondos clamorosamente arbitrario.