Las declaraciones en las que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijoó, ha afirmado que "un presidente de comunidad autónoma tiene que saber que no le puede salir gratis convocar a sabiendas un referéndum ilegal y actuar contra el Estado al que representa", aunque referida a Artur Mas, bien podría interpretarse como un toque de atención al Gobierno de Rajoy. Porque no nos engañemos: el presidente de la Generalidad será el máximo representante del Estado en Cataluña, pero la responsabilidad de que no se haya inhabilitado para dicho cargo a quien se permite afirmar abierta y públicamente que "el adversario de Cataluña está a unos cientos de kilómetros y se llama Estado español" compete a Mariano Rajoy.
Tampoco es responsabilidad de Mas, sino de Rajoy, que el carísimo desafío separatista, que ni empieza ni termina en la ilegal votación del 9-N, haya sido y siga siendo financiado, indirecta pero decisivamente, por los Fondos de Liquidez Autonómica. Tampoco es responsabilidad de Mas que el Gobierno del PP no haya instado la disolución o la suspensión de actividades de numerosas estructuras de Estado paralelas a las del Estado español, tales como el embrión de una Agencia Tributaria propia o un Consejo Asesor para la Transición Nacional cuya "actuación contra el Estado" –que diría Feijóo– viene reflejada hasta en su propio nombre. Tampoco es responsabilidad de Mas la impunidad de su desobediencia a todas las sentencias contrarias a su inconstitucional inmersión lingüística.
Es una lástima que Feijoó haya reculado un poco en sus declaraciones al añadir que, con lo de "actuar contra el Estado no debe salirle gratis a ningún presidente autonómico", no se refiere a que "tenga que tener un reproche penal". Y lo es porque toda actuación contra el Estado –sea mediante un delito de prevaricación, uno de sedición, uno de malversación de fondos públicos, uno de usurpación de atribuciones, uno de desobediencia o uno de fraude de ley– merece ser disuadida y castigada con un "reproche penal". Más aun si quien la perpetra es el máximo representante del Estado en una comunidad autónoma.
Por mucho que Feijoó no haya querido, comprensiblemente, dejar en evidencia a un Gobierno del PP empecinado en no ver las ilegalidades que se perpetran en Cataluña, son muy plausibles estas palabras suyas: "Los gallegos distinguimos entre el derecho a la diferencia con la diferencia de derechos"; "en el plano de los derechos estamos en contra de los privilegios, máxime cuando se pretenden obtener a través de una ilegalidad institucional".
Lo grave es que en esas estamos. El desafío al Estado, más que salirles gratis a los separatistas, les está procurando ofertas de cobro, tanto del PSOE, en forma de "reforma constitucional", como del Partido Popular, en forma de una "nueva y singular financiación" para la Generalidad.
Mientras tanto, podrá suscitar risas la mamarrachada, el esperpento que se celebrará el 9-N en Cataluña. ¿Qué mejor consuelo para el lacrimógeno espectáculo que se contempla en Madrid?