La reunión de formaciones constitucionalistas, prevista para este miércoles y auspiciada por Pablo Casado como una primera toma de contacto para hacer un frente común en defensa de nuestro Estado de Derecho frente al persistente desafío separatista catalán, así como para elaborar una agenda común en materia económica o educativa, parece ya condenada a un sonoro fracaso. Para empezar, algunos de los partidos convocados, como Coalición Canaria o el Partido Aragonés, ya han declinado la invitación alegando que "no tienen nada que demostrar" o rechazando "una competición para ver quien es más constitucionalista". Ciudadanos, por su parte, aunque estará presente, no estará representado por su líder nacional, Albert Rivera, sino por el vicepresidente primero del Congreso, Ignacio Prendes.
La verdad es que no se puede reprochar a Albert Rivera su apenas disimulado desprecio por esta reunión, un día después de que el PP de Casado se repartiera con PSOE y con Podemos el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, burla a la separación de poderes que constituye en sí misma una burla a nuestro Estado de Derecho. Con todo, el desencuentro de ambas formaciones constitucionalistas no deja de ser una pésima noticia, más aun cuando el PSOE ha dado este mismo martes una nueva muestra de complicidad con los separatistas al votar con ellos contra una proposición del PP, respaldada por Ciudadanos, con la que se pretendía garantizar el respeto a los símbolos nacionales y la neutralidad de las instituciones y el espacio público.
Lo cierto es que, ante el histórico y gravísimo desafío a la nación y a la Constitución españolas que seguimos padeciendo, agravado decisivamente por un presidente de gobierno dispuesto a pactar lo que sea y con quien sea con tal de gobernar con los peores resultados electorales de la historia de su partido, todo esfuerzo por lograr la máxima unidad entre PP y Ciudadanos es poca. Es más: esa unidad, que debería a aspirar, incluso, a alguna clase de colaboración o acuerdo de cara a las próximas elecciones generales, tendría que ser también extensible, tras los comicios, a toda formación constitucionalista que, sin abogar por concesiones a los separatistas, sea firme defensora de la unidad de España y obtenga representación parlamentaria.
Si, en este sentido, resulta deplorable el acercamiento del PSOE a las formaciones golpistas catalanas –véase también el nuevo ofrecimiento de Sánchez a Torra para negociar juntos un nuevo "estatut"- no menos suicida resulta el "cordón sanitario" que algunos quieren imponer contra una formación liberal-conservadora como VOX, a la que muy distintos sondeos insisten en otorgar representación parlamentaria en las próximas elecciones.
Lo que parece evidente es que sin una mayor unidad de los partidos políticos en defensa de la Constitución -defensa que puede contemplar una reforma de la misma que, para variar, no trate de contentar a los nacionalistas-, no será posible preservar o, mejor dicho, restablecer la ya en tantos aspectos quebrada unida de España, entendida como nación y como Estado de Derecho.