Imagínense que los tribunales de Justicia, en aplicación de la vigente pero burlada Ley de Partidos, lograran expulsar de todas las instituciones democráticas (ayuntamientos, parlamentos regionales y el propio Congreso de los Diputados) al brazo político de ETA. Supongan también que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lograran detener a todos los autores de los más de 350 atentados de la banda que quedan por juzgar. Pues bien, aun así sería temerario hablar del "fin definitivo" de una organización terrorista como ETA, por la sencilla razón de que no hay operación policial y judicial, por contundente y exitosa que sea, que permita dar definitivamente por concluida una actividad terrorista que bien se podría reanudar –tal y como en muchas ocasiones ha ocurrido en el pasado– tan pronto haya quienes la vuelvan a considerar útil para sus propósitos políticos.
Ahora bien, lo que ya resulta no temerario sino estrictamente ridículo es dar por definitivamente acabada a una organización terrorista por lo que hagan o dejen de hacer, digan o dejen de decir los propios terroristas que siguen prófugos en un comunicado en el que afirman haber "disuelto completamente sus estructuras". Se supone que son los tribunales y las fuerzas de seguridad los que tienen que desarticular las "estructuras" de los terroristas, así como requisar su armamento y detener a los criminales; pero desde hace décadas hay quienes encomiendan estos menesteres del Estado de Derecho a los propios terroristas.
El hecho de que ETA no sea culpable de la asombrosa e inagotable insensatez –cuando no complicidad– de una clase política y mediática que reclama que sean los propios terroristas los que se disuelvan o entreguen las armas –o, en el colmo de la estupidez, que se entreguen a la Policía– no significa que la banda y sus representantes en las instituciones no se vayan a aprovechar para sacar el máximo rendimiento propagandístico al cese de su actividad armada, apuesta que los terroristas asumen, como siempre han hecho, por razones estrictamente estratégicas.
Es lógico que una banda terrorista que no renuncia a sus fines secesionistas ni repudia los medios criminales con que los trató de alcanzar trate de sacar el mayor provecho a lo que ahora llama "fin de su recorrido". No otra cosa hicieron con ocasión de la docena de treguas, totales o parciales, que anunciaron previamente, desde 1959.
Aunque los terroristas no vuelvan a matar, lo que no tiene lógica es que haya un Gobierno y una oposición que mantengan en papel mojado la Ley de Partidos y que no se movilicen ni protesten ante la clamorosa falta de detenciones de etarras, empezando por los protagonistas de este nuevo numerito y siguiendo por los autores de los centenares de crímenes que quedan sin resolver. Eso, por no hablar de un invitado especial comoJosu Ternera, que se supone está en busca y captura por la matanza de la casa cuartel de Zaragoza pero que va a participar en el video promocional de la circense disolución de ETA.
Con todo, el más penoso espectáculo –junto con la masiva excarcelación de etarras llevada a cabo con la excusa de la derogación de la Doctrina Parot– es ver a sus voceros políticos campando a sus anchas en las instituciones. Si esto es el final de ETA, sus ninguneadas víctimas, ciertamente, no lo merecían.