La consecuencia más habitual de hacer algo mal es que salga mal y, si hasta el momento el Gobierno sólo ha sido capaz de encadenar una serie de dramáticos errores en la gestión del golpe de estado separatista, no pueden sorprendernos mucho reveses judiciales como el que ha llegado este jueves desde Alemania.
Por supuesto, ni Rajoy ni Sáenz de Santamaría pueden influir directamente en las decisiones de un tribunal alemán, pero la resolución de la audiencia de Schleswig-Holstein evidencia, para empezar, que no se ha hecho el esfuerzo necesario para explicar a nuestros socios europeos lo que de verdad ha ocurrido en Cataluña, lo que supone el golpe separatista y la colección de delitos cometidos por Puigdemont y sus adláteres desde mucho antes del 1-O.
La realidad es que el Gobierno también ha supeditado estas explicaciones -como todo lo demás- a su interés cortoplacista de no complicarse más su situación política, a un vano intento de no romper unos puentes con el separatismo que los propios separatistas habían dinamitado mucho antes y, por supuesto, a su incapacidad patológica para tomar decisiones complicadas.
Porque a un juez de provincias alemán, o de cualquier otro país, le debe resultar muy complicado entender cómo puede ser un delito gravísimo convocar un referéndum cuya celebración el propio Gobierno español no impide e incluso financie, y tras el cual tarda varias semanas en destituir a sus responsables.
Como igualmente incomprensible debe resultar para un juez alemán que, tras destituir a los golpistas, ese mismo Gobierno convocase inmediatamente unas elecciones y se permitiese presentarse a las mismas a los presuntos delincuentes, y menos aún que incluso se llegase a decir que se veía "con buenos ojos" que el propio Puigdemont fuese candidato a ocupar el mismo cargo desde el que se supone que ha delinquido.
Del mismo modo que es muy difícil convencer a un tribunal alemán, belga, suizo o de cualquier otro sitio que a ese ciudadano europeo al que acusas ahora de ser un peligroso delincuente lo has dejado circular con total libertad y le has permitido protagonizar una fuga con ribetes tragicómicos.
Y como, finalmente, no hay forma de entender, se sea o no un juez de una audiencia regional alemana, que con el desafío independentista a todo tren desde el año 2012 en España no haya habido un gobierno capaz de incluir en la legislación un delito que encajase de una forma más clara en la evidentemente delictuosa actuación separatista -la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno reconocen el intento de quebrar la unidad nacional como un delito grave- o de recuperar el delito de convocatoria de un referéndum ilegal que Zapatero retiró del Código Penal en un gesto -otro más- para pastelear con el separatismo.
Un pasteleo y una inacción que son, en el fondo, lo que nos ha llevado a lo ocurrido este jueves en Alemania, después de que el Gobierno español lleve años esperando que sea la Justicia la que asuma el coste político de las decisiones que él mismo no ha sido capaz de tomar, y es prácticamente imposible hacerle entender eso a un juez en otro país al que, además, lo que le está llegando masivamente es la versión separatista de los hechos.
Sólo cabe desear que esta incapacidad del Gobierno no haga inútil la valiosa y valerosa reacción de la Justicia, la Corona y tantos y tantos españoles que han despertado su conciencia nacional tras lo ocurrido en Cataluña y han hecho frente, por fin, a una agresión separatista que llevamos ya muchos años sufriendo.