Las últimas sesiones del juicio contra los responsables de la intentona golpista del independentismo catalán vienen apuntalando, cada vez con mayor firmeza, las principales tesis de la acusación y la instrucción del juez Pablo Llarena. La semana pasada fue la cúpula de la policía autonómica la que confirmó, sin el menor género de duda, que avisó a Puigdemont y a su Gobierno de que su empecinamiento en realizar la consulta ilegal del 1 de octubre provocaría numerosas escenas de violencia y pondría en grave riesgo la seguridad ciudadana. Esta semana ha arrancado con la prueba testifical de varios agentes de la Guardia Civil, cuyo testimonio está confirmando con total solidez la comisión por parte de los procesados de diversos delitos incluido el de rebelión, el más grave y por el que pueden llegar a caerles 30 años de cárcel.
Los agentes de la Guardia Civil citados a declarar han explicado con todo lujo de detalles las agresiones que debieron soportar en medio de situaciones de violencia creciente en dos momentos clave del proceso independentista: el registro de la Consejería de Finanzas el 20 de septiembre de 2017, entonces dirigida por Oriol Junqueras, y el propio día de la consulta ilegal celebrada el 1 de octubre.
En ambos casos, una masa perfectamente organizada trató por todos los medios de impedir el cumplimiento de los mandatos judiciales dictados al efecto para mantener la legalidad y el orden constitucional. A este respecto, el relato de un agente de la Benemérita presente en el registro de la Consejería de Junqueras resulta especialmente revelador por las amenazas y agresiones de centenares de independentistas descontrolados, azuzados en la calle por varios de los acusados como la ex presidenta del parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell. No es casualidad que en el registro del despacho del número dos de Junqueras hubiera documentación referida a los escenarios de guerra o de guerrillas, que los acusados consideraban entonces como probables tras la consumación del referéndum.
Los dirigentes de los mossos confirmaron que los acusados eran conscientes de que su decisión de llevar a cabo la consulta ilegal del 1 de octubre desembocaría en situaciones de extrema violencia callejera. El testimonio de los guardias civiles, ahora, demuestra que los procesados no sólo no hicieron nada para evitarlo sino que, por el contrario, fueron parte activa en la agitación de las masas para impedir la acción de la Justicia.
A falta de que se sustancien en los próximos días las declaraciones de nuevos testigos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, cada vez va quedando más clara la verdadera dimensión de este Golpe de Estado independentista, urdido y alentado por los acusados utilizando los recursos públicos de la Generalidad.
Todo ello parece conducir a que la prueba testifical de esta semana va a ser definitiva para el futuro penal de unos golpistas que, hasta ahora, pensaban que el juicio del Tribunal Supremo iba a ser solo un trámite más de los que, con su típica soberbia racista, están demasiado acostumbrados a desdeñar.