No se trata de recordar ahora las múltiples ocasiones en las que Juan Carlos I incurrió en el error de desdeñar la frialdad, el distanciamiento y la firmeza como medio de llevar a cabo la función real de "arbitraje y moderación" ante quienes abiertamente se declaraban en contra de la unidad de la Nación, que la Corona simboliza y sin la cual ésta se asentaría en el vacío. Baste decir que su hijo Felipe VI parece decidido a acabar con las muestras de cordialidad, incluso de compadreo, que, lejos de moderar a los nacionalistas, han contribuido a envalentonarlos o incluso a inducirles a pensar que la Corona podría favorecerlos en sus pretensiones de ruptura.
Buen ejemplo de la encomiable frialdad y distanciamiento del Rey hacia los nacionalistas lo constituyen su encomiable discurso navideño y su decisión de rechazar que la sediciosa presidenta del Parlamento autonómico catalán, Carme Forcadell, le comunicara en persona el nombramiento del también golpista Carles Puigdemont como nuevo presidente de la Generalidad.
Pretender, sin embargo, que el Rey vaya más allá de este encomiable gesto de distanciamiento, tal y como sería negarse a rubricar con su firma el nombramiento de Puigdemont, sería confundir el escaso campo de actuación que al Rey le confieren su auctoritas y la Constitución con el muy amplio que la Carta Magna otorga al Gobierno, no por nada denominado Poder Ejecutivo. Ahí está el célebre artículo 155, sin ir más lejos.
Puigdemont será la nueva cabeza visible del proceso golpista que, desde 2012, se está perpetrando desde las instituciones autonómicas de Cataluña. Pero el responsable de suspender la autonomía, en una más que justificada aplicación del referido artículo 155, ha sido, es y seguirá siendo el Gobierno de la Nación, no la Corona.
Ya podrá Puigdemont hacer suyo, sin modificar una coma, el sedicioso programa de ruptura de Mas, rechazado por unanimidad por el Tribunal Constitucional; y desdeñar la legalidad a la hora de prometer su cargo, de forma todavía más ostentosa que Artur Mas en 2012: quien hace la vista gorda ante todas estas vulneraciones de la legalidad es el Gobierno de la Nación, que ni siquiera se atreve a mentar la suspensión de una Administración autonómica en abierta y orgullosa rebeldía contra el Estado de Derecho.
Es evidente, desde hace años, que hay que intervenir, parcial o totalmente, la Administración regional de Cataluña, pues, como ha señalado la presidenta de Libres e Iguales, "hay que elegir entre suspensión de autonomía o de la democracia". Pero lo cierto es que la irresponsable renuencia del Ejecutivo de Rajoy en este sentido no es mayor que la del PSOE e incluso la de Ciudadanos.
Se dirá que es de ilusos pretender que un Gobierno en funciones haga ahora lo que se ha negado a hacer gozando de mayoría absoluta. Pero lo cierto es que si Rajoy no hizo sus deberes cuando gobernaba con mayoría absoluta, tampoco lo está haciendo ahora, con su empecinamiento en gobernar cuando carece de mayoría suficiente para hacerlo.
Lo cierto es que, mientras los separatistas han sabido recomponer y fortalecer su golpe de Estado institucionalizado, los partidos constitucionalistas están siendo incapaces de constituir una coalición de Gobierno, y de establecer una estrategia común frente a los golpistas catalanes que no sea la de pedir nuevas sentencias al Tribunal Constitucional como las que los nacionalistas vienen ignorando desde antes incluso del inicio del procés.
Así las cosas, sólo un milagro va a impedir que los nacionalistas no profundicen en esa ruptura de la Nación entendida como Estado de Derecho. Y, desde luego, la de hacer milagros no es una de las funciones que la Corona tiene constitucionalmente encomendadas, por muy buen rey que sea quien la ciña.